Ajuste por decreto: el plan Milei para podar leyes y desmantelar el Estado

El Gobierno de Javier Milei avanza, una vez más, por la vía del decreto. Esta vez, prepara un nuevo DNU para derogar más de 40 leyes consideradas obsoletas y, en paralelo, proyecta la eliminación o transformación de al menos 24 organismos estatales, en un nuevo capítulo del ambicioso —y polémico— plan de “desregulación” y “achicamiento” del Estado.

Con el impulso del ministro Federico Sturzenegger, el llamado “decreto hojarasca” ya se encuentra en revisión final en la Secretaría de Legal y Técnica, y su publicación en el Boletín Oficial está prevista para los próximos días.

Aunque desde la Casa Rosada insisten en que se trata de una “limpieza normativa” que apunta a modernizar el aparato estatal, el verdadero trasfondo es más complejo: una ofensiva sostenida para gobernar por decreto, esquivando al Congreso, en un clima político donde la emergencia se volvió norma y el consenso, un lujo prescindible.

DNU como herramienta de gobierno: la regla, no la excepción

Lo que antes se entendía como una excepción —los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)— se convirtió en una estrategia central del oficialismo. El argumento: leyes obsoletas, organismos ineficientes, y un Estado sobredimensionado. La realidad: una acumulación de poder sin precedentes recientes en la historia democrática argentina.

Las normas a eliminar bajo el “decreto hojarasca” incluyen desde reglamentaciones anacrónicas, como la que establece el uso obligatorio de microfilm en la administración pública, hasta disposiciones tan insólitas como la ley del “carnet de mochilero”. También se derogan normas sanitarias ya en desuso, como las referentes al control de la viruela.

Si bien muchas de estas leyes pueden parecer irrisorias o caducas, el método elegido para su eliminación —por DNU, sin discusión parlamentaria— vuelve a tensar los límites del sistema republicano. Como bien sabe cualquier estudiante de derecho, el Presidente no puede derogar leyes del Congreso por decreto sin una justificación clara de necesidad y urgencia. Sin embargo, Milei ha transformado la excepcionalidad en rutina.

Desguace institucional: el Estado como enemigo

Pero la ofensiva no se detiene en el plano normativo. El Gobierno también alista un segundo decreto con un impacto institucional mucho más profundo: la eliminación de 24 organismos públicos, la fusión de otros 15 y la “transformación” de al menos 16 entidades estatales. Entre los organismos apuntados está el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), cuya desaparición anticipa nuevos conflictos en un país atravesado por tensiones territoriales y demandas históricas de los pueblos originarios.

La movida se inscribe en una visión ideológica clara: la idea de que el Estado es un obstáculo y no una herramienta de desarrollo. Bajo ese prisma, organismos que cumplen funciones de regulación, promoción cultural, protección de derechos o coordinación territorial pasan a ser vistos como gasto innecesario o, peor aún, como enemigos del “mercado libre”.

La paradoja de la eficiencia: menos Estado, más incertidumbre

El discurso oficial insiste en la necesidad de reducir estructuras obsoletas y mejorar la eficiencia del gasto público. Pero lo cierto es que la eliminación de organismos sin un plan de transición claro puede generar vacíos operativos, superposición de funciones o incluso conflictos legales, afectando la calidad de los servicios y la articulación institucional.

Además, la estrategia de avanzar por decreto expone al Gobierno a una judicialización creciente de sus decisiones y a una profundización del conflicto con el Congreso, debilitando aún más el sistema de frenos y contrapesos sobre el que se sostiene la democracia.

Gobernar sin Congreso, el nuevo experimento argentino

El modelo Milei avanza con una lógica disruptiva: acelerar reformas estructurales sin ceder al desgaste que implica el debate parlamentario. El riesgo, sin embargo, es alto. Gobernar a fuerza de decretos puede parecer eficaz en el corto plazo, pero deja una institucionalidad más frágil, un Congreso desdibujado y un precedente preocupante: que la ley puede ser eliminada sin debate, y que el Estado puede ser desmontado sin consenso.