Marcha de jubilados: la Justicia ordenó que el Gobierno porteño despliegue el operativo de seguridad
El juez Roberto Gallardo dispuso que las fuerzas federales no podrán intervenir en la manifestación prevista frente al Congreso.
El juez Roberto Gallardo, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó este lunes que el Gobierno porteño sea el único responsable de organizar y ejecutar el operativo de seguridad durante la marcha de jubilados prevista para este miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación.
La resolución judicial excluye expresamente la intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación, por lo que las fuerzas federales no podrán participar del dispositivo en el espacio público. El juez instó a la Ciudad a “reasumir sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias en materia de seguridad pública”.
El fallo surge tras una presentación conjunta realizada por Julio Piumato y Maia Volcovinsky, cosecretarios de Derechos Humanos de la CGT y dirigentes de la UEJN, junto con Walter Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).
En su escrito, Gallardo cuestionó la participación reciente de fuerzas federales en movilizaciones frente al Congreso, señalando que “han derivado en situaciones de violencia, conflictos y caos”. Además, criticó la “actitud avasalladora y excesiva” del Gobierno nacional, al considerar que ha vulnerado la autonomía de la Ciudad al imponer protocolos de seguridad sin coordinación con las autoridades locales.
“Las normas existen, los mandatos constitucionales también. La autonomía de la CABA no debe verse nuevamente puesta en tela de juicio”, expresó el magistrado, al tiempo que calificó como un “abandono de poder” la falta de intervención activa por parte del Ejecutivo porteño en concentraciones previas.
El operativo del miércoles, entonces, deberá ser coordinado exclusivamente por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ahora tiene la responsabilidad plena de garantizar la seguridad durante la protesta de jubilados, en un contexto de creciente tensión social.
