Ajuste educativo: CTERA advierte que el Estado dejaría de aportar más de $4 billones al salario docente

Tras la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una herramienta clave para reducir las brechas salariales entre provincias, el recorte podría profundizarse aún más si avanza la reforma laboral que el oficialismo busca aprobar en el Congreso.

La política de ajuste fiscal impulsada por el gobierno de Javier Milei encontró en la educación pública uno de sus principales campos de aplicación.

Según la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), las modificaciones propuestas implicarían que el Estado deje de aportar más de 4 billones de pesos que históricamente se destinaban al financiamiento del salario docente.

En un documento difundido públicamente, el sindicato docente expresó su “enérgico rechazo” a la reforma, a la que define como una amenaza estructural tanto para el sistema educativo como para los derechos laborales. De acuerdo con estimaciones del Instituto Marina Vilte, esos recursos equivalen a la deuda acumulada que el Estado nacional mantiene con los docentes tras la eliminación del FONID. Desde CTERA advierten que la magnitud del recorte no solo impacta en los ingresos de los trabajadores de la educación, sino que limita cualquier posibilidad de recomponer políticas públicas desmanteladas, como el programa Conectar Igualdad o los planes de infraestructura escolar.

La organización sindical sostiene que la reforma laboral no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de una estrategia más amplia que incluye el proyecto de “Libertad Educativa”. En ese marco, denuncia un corrimiento del rol del Estado y una subordinación de los derechos sociales a la lógica del mercado. Los números respaldan la preocupación: en 2025, el financiamiento educativo alcanzó apenas el 4,1% del PBI, muy por debajo del 6% establecido por la Ley de Educación Nacional, consolidando un proceso de desfinanciamiento que, lejos de ser coyuntural, parece estructural.

Derechos laborales en disputa

CTERA exhortó a los legisladores de todos los bloques a frenar el tratamiento parlamentario de la reforma, al considerar que el proyecto no apunta a generar empleo genuino sino a “destruir derechos conquistados” en beneficio de los sectores empresarios. Para la conducción del gremio, encabezada por Sonia Alesso, la noción de “modernización laboral” que promueve el Ejecutivo funciona como un eufemismo que encubre una precarización generalizada del trabajo.

Desde esta perspectiva, el sindicato rechaza cualquier intento de modificación parcial del texto y exige su descarte total, al entender que la iniciativa vulnera principios básicos como la justicia social, la estabilidad laboral y la protección del trabajador frente a los desequilibrios del mercado.

El impacto fiscal y los “números duros”

Uno de los ejes centrales del cuestionamiento es el costo fiscal de la reforma. CTERA advierte que el Gobierno subestima deliberadamente el impacto que tendrá la reducción de las contribuciones patronales y otros beneficios impositivos. Según el documento, el artículo 163 del proyecto reduce los aportes patronales en sectores clave: del 20,4% al 17,4% en servicios y comercio, y del 18% al 15% para el resto de los empleadores privados. Esta sola medida implicaría una pérdida equivalente al 0,462% del PBI, afectando directamente los recursos de la seguridad social y del ANSES.

Si se suman otras rebajas, como las vinculadas al Impuesto a las Ganancias y a los aportes a las obras sociales, el costo fiscal total ascendería al 1,278% del PBI. Para el gremio docente, este esquema revela una transferencia de recursos desde el Estado y los trabajadores hacia el sector privado, con consecuencias directas sobre áreas sensibles como la educación, la salud y la previsión social.

Consecuencias en la vida cotidiana

Finalmente, CTERA enumera los aspectos que considera más regresivos de la reforma: la flexibilización de condiciones laborales (vacaciones, jornadas y pago de horas extras), la eliminación del sistema tradicional de indemnizaciones —reemplazado por fondos financiados por los propios trabajadores— y el endurecimiento de las restricciones al derecho a huelga y a la protesta gremial.

El sindicato concluye que la reforma laboral no es una medida aislada de orden económico, sino una pieza central de un modelo que redefine el vínculo entre el Estado, el trabajo y los derechos sociales, con un impacto profundo y duradero sobre la educación pública y quienes la sostienen.