Vaciamiento y precarización en la salud pública con el despido de 70 profesionales del Garrahan
Esta medida, ejecutada de manera retroactiva y comunicada semanas después de su supuesta vigencia, afecta a médicos, kinesiólogos y bioquímicos que cumplían funciones críticas, muchos de ellos con una antigüedad superior a la década en la institución.
La gestión sanitaria nacional bajo la administración de Javier Milei y el ministro Mario Lugones ha profundizado el conflicto en el Hospital Garrahan mediante la rescisión de setenta contratos en el sector de Guardia.
Desde una perspectiva crítica, la decisión no representa solo un recorte presupuestario, sino una estrategia deliberada de disciplinamiento y precarización. Al exigir a los profesionales que firmen contratos de locación de servicio para poder percibir los haberes de enero, el Gobierno elimina de forma unilateral la estabilidad y los derechos del empleo público, transformando la relación laboral en una prestación externa sin garantías.
Este avance sobre la planta profesional se suma a los cuarenta y cuatro sumarios iniciados contra trabajadores que participaron en reclamos salariales, configurando un escenario de persecución hacia quienes defienden la salud pública.
El análisis de la Asociación de Profesionales y Técnicos vincula este desmantelamiento con el proyecto de reforma laboral que se debatirá próximamente en el Senado.
Según la organización gremial, el vaciamiento de áreas esenciales como la Guardia y el cierre temporal del jardín maternal del hospital responden a una misma matriz ideológica que busca erosionar las conquistas históricas de los trabajadores y debilitar la capacidad operativa del hospital pediátrico de referencia nacional.
Ante la gravedad institucional de estos hechos, los trabajadores han convocado a un Cabildo Abierto para el próximo miércoles 4 de febrero.
La jornada no solo funcionará como una instancia de organización frente a las bajas contractuales, sino como un foco de resistencia contra las reformas legislativas que pretenden legalizar la inestabilidad laboral. La crisis en el Garrahan se consolida así como el epicentro de una disputa política donde el derecho a la salud y la seguridad jurídica de sus profesionales quedan subordinados al ajuste estatal.
