Villarruel designa a un exmilitar vinculado a la destrucción de pruebas de la dictadura

El nombramiento se formalizó a través del decreto 0306/25, firmado por Villarruel, y Gestoso Presas asumirá el cargo el próximo 1 de junio. Lo curioso, según pudo confirmar la agencia Noticias Argentinas, es que el expediente circuló con pedido de reserva en los días previos a la oficialización, lo que alimenta la sospecha de que se intentó evitar un escándalo público.

En una decisión que ya despierta fuertes críticas desde el arco político y organismos de derechos humanos, la vicepresidenta Victoria Villarruel oficializó la designación de Juan Manuel Gestoso Presas, un exmilitar implicado en la destrucción de pruebas vinculadas a crímenes de lesa humanidad, como subdirector general de Control de Auditoría y Gestión del Senado.

Un historial que incomoda: intento de destrucción de pruebas de la dictadura
Gestoso Presas fue uno de los involucrados en el escandaloso intento de quemar dos libros de guardia del Hospital Militar de Salta, en los que constaban nacimientos ocurridos entre los años ’70 y ’90. El hecho fue considerado relevante dentro de las investigaciones sobre apropiaciones de bebés durante la dictadura militar, una de las prácticas más aberrantes del terrorismo de Estado.

En mayo de 2008, el entonces director del hospital, Carlos Tozzeto Arias, encontró los libros “en mal estado” en un lavadero del hospital y los entregó a Gestoso Presas. Lejos de preservar la evidencia, este le ordenó al capitán Silvio Manino que los quemara. Manino, en un acto de desobediencia civil, simuló cumplir la orden pero salvó los libros y los presentó tiempo después al Ministerio de Defensa, entonces bajo la conducción de Nilda Garré. La denuncia penal y el sumario interno derivaron en el pase a retiro de los implicados.

Si bien en 2014 el Tribunal Oral Federal de Salta sobreseyó a Gestoso Presas por prescripción de la acción penal, los fiscales habían sostenido que su accionar podía constituir un delito conexo a crímenes de lesa humanidad. La causa nunca fue del todo cerrada en el plano político ni moral.

Un patrón inquietante: la afinidad de Villarruel con figuras del aparato represivo
La designación no es un hecho aislado. Gestoso Presas fue jefe de la Compañía de Inteligencia 5 y su perfil resuena con el de otros asesores cercanos a Villarruel, como Claudio Gallardo, exagente de inteligencia vinculado al general César Milani. Esto reafirma la cercanía ideológica de Villarruel con sectores castrenses, especialmente aquellos cuestionados por su rol durante la dictadura.

La vicepresidenta no ha ocultado nunca su visión revisionista de los años ’70 ni su crítica sistemática a las políticas de memoria, verdad y justicia. Pero con esta designación cruza una línea más profunda, al llevar a un cargo público relevante a alguien que, según constancias judiciales, intentó eliminar evidencia que podría haber servido para encontrar a niños desaparecidos.

La impunidad como política de Estado
Lejos de tratarse de una decisión técnica o administrativa, la designación de Gestoso Presas se inscribe en un proyecto ideológico claro: revalorizar el rol de los militares, relativizar los crímenes de la dictadura y deslegitimar el proceso de memoria histórica impulsado por el consenso democrático desde 1983.

El silencio oficial sobre los antecedentes del designado solo aumenta el malestar entre organizaciones de derechos humanos, que ven en este tipo de actos una normalización de la impunidad. Más aún cuando se produce desde el Senado de la Nación, una institución clave del sistema democrático.

¿Quién controla al que debe controlar?

Paradójicamente, Gestoso Presas fue nombrado como subdirector de Auditoría y Control de Gestión, es decir, alguien encargado de revisar procedimientos y garantizar transparencia. La pregunta que emerge es tan evidente como inquietante: ¿puede garantizar transparencia alguien que intentó borrar la historia?

El caso no solo abre una nueva herida en la memoria colectiva, sino que también refuerza la alarma sobre la deriva autoritaria y negacionista de una parte del gobierno, que parece más comprometido con reescribir el pasado que con construir un futuro democrático.