Vicentin y Banco Nación: cinco años después la Justicia Investiga un Fraude de US$260 Millones
Cinco años después de la escandalosa cesación de pagos de Vicentin, la justicia finalmente avanza en la investigación que podría destapar una de las mayores defraudaciones contra el Estado.
El juez federal Julián Ercolini ha citado a declaración indagatoria a 26 exdirectivos de la cerealera y exfuncionarios del Banco Nación durante la gestión macrista, señalando una presunta connivencia que habría causado un perjuicio de al menos 260 millones de dólares al patrimonio público.
La decisión judicial, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, pone de manifiesto una serie de interrogantes sobre el funcionamiento de las instituciones y la ética de los funcionarios que las dirigen. ¿Cómo pudo una empresa, que ya presentaba serios problemas financieros, concentrar más del 20% del patrimonio crediticio de una entidad pública como el Banco Nación?
La investigación sugiere que no fue un simple error de gestión, sino una maniobra coordinada para defraudar al Estado.
Según la acusación, los exdirectivos del Banco Nación, entre los que se encuentran Javier González Fraga y Lucas Llach, habrían «desarticulado las garantías» que protegían los préstamos y otorgado nuevos créditos a pesar de que la situación de Vicentin lo prohibía.
En paralelo, los empresarios de Vicentin habrían aprovechado esta situación para no solo no pagar sus deudas, sino también para solicitar nuevas asistencias financieras. Este modus operandi no solo revela una grave falta de responsabilidad, sino que también sugiere que se actuó con la certeza de que la operación sería aprobada sin obstáculos.
A esto se suman las sospechas de que parte de los fondos fueron desviados al extranjero a través de facturas apócrifas y giros a paraísos fiscales, lo que eleva el caso a un nivel de criminalidad económica compleja. La inhibición de bienes y la prohibición de salida del país dictadas por el juez demuestran la gravedad del caso y el riesgo de que los imputados intenten evadir la justicia.
El caso Vicentin es un recordatorio de los peligros de la falta de control y la impunidad. La investigación judicial, tardía, es crucial para sentar un precedente y demostrar que los delitos de cuello blanco también tienen consecuencias. La sociedad, que ha sido testigo de cómo una de las mayores empresas del país colapsó dejando un tendal de deudas y trabajadores en la calle, exige respuestas y, sobre todo, justicia.
