Vialidad Nacional: Denuncian a funcionario de Caputo por retener fondos para evitar aumentos salariales
El gremio vial presentó una denuncia penal contra un alto funcionario del Ministerio de Economía. Reclaman el giro de fondos retenidos y denuncian un vaciamiento que afecta tanto los salarios como la seguridad laboral.
La pulseada entre el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (Stvyara) y el gobierno de Javier Milei escaló a los tribunales. La organización sindical, encabezada por Graciela Aleñá, presentó una denuncia penal contra el secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, hombre clave del ministro Luis Caputo, por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El conflicto se centra en la retención de fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, cuya asignación —según el Decreto 976/01— debería destinarse en parte a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Según la denuncia, en el primer bimestre de 2025 se recaudaron 600 mil millones de pesos, pero sólo se transfirieron 18 mil millones, cuando la DNV debió haber recibido más de 86 mil millones. Es decir, apenas el 20,96% de lo que le corresponde.
Para el gremio, el objetivo del Ejecutivo es claro: bloquear cualquier tipo de negociación paritaria, congelar salarios y reducir la estructura operativa del organismo. “Están saqueando el patrimonio de los argentinos”, sostuvo Aleñá, quien advirtió que esta maniobra no solo tiene consecuencias sobre el ingreso de los trabajadores, sino también sobre la seguridad física del personal y la funcionalidad del sistema vial nacional.
Un ajuste con consecuencias estructurales
La denuncia presentada ante el Juzgado Federal N°6 (CFP 1826/2025) describe un escenario crítico: sin recursos, Vialidad Nacional no puede afrontar aumentos salariales, pagar adicionales clave como los viáticos y horas extras, ni reponer elementos esenciales de seguridad laboral, como cascos o chalecos reflectantes.
Esto ocurre en un contexto de ajuste generalizado, donde el Gobierno nacional sostiene una política de recorte del gasto público, aún a costa de paralizar áreas clave del Estado. Pero en este caso, el gremio advierte que no se trata de un recorte formal, sino de una retención arbitraria de fondos que ya fueron recaudados y tienen asignación específica por ley.
Aleñá subraya que desde 2023 se han firmado actas para mejorar condiciones salariales y laborales en distintas provincias, pero que ninguna fue efectivizada por falta de fondos. Esto no solo frena mejoras laborales, sino que paraliza tareas fundamentales en rutas y caminos, como el control de balanzas o el operativo invernal.
Ante el estancamiento, el gremio convocó a una asamblea este lunes 12 de mayo en la sede del Distrito 1 de Vialidad Nacional, en Buenos Aires. Allí definirán los próximos pasos del plan de lucha, que podría incluir paros, movilizaciones y nuevas acciones judiciales.
La denuncia contra Guberman no es sólo un gesto simbólico. Busca visibilizar una forma de gestión estatal que, según el sindicato, viola principios básicos de integridad y debilita al propio Estado. En paralelo, se pidió una medida cautelar para forzar la liquidación de los fondos adeudados y habilitar las negociaciones salariales.
Más que una paritaria
El caso de Vialidad Nacional refleja un punto de tensión más amplio en el modelo económico del Gobierno: una administración que, bajo la bandera del déficit cero, opta por paralizar funciones clave del Estado, trasladando el costo del ajuste a los trabajadores y al funcionamiento operativo de organismos esenciales.
El congelamiento salarial en Vialidad no es solo una disputa gremial. Es un termómetro de cómo se reconfigura el rol del Estado bajo el actual modelo de gestión: entre recortes, judicialización y conflicto social en aumento.
