Repudio sindical al ataque de Milei a la prensa: crece la alarma por la deriva autoritaria del Gobierno

Organizaciones gremiales denuncian un intento de disciplinamiento desde el poder estatal. Preocupación por las denuncias penales a periodistas y el avance sobre la libertad de expresión.

La ofensiva judicial del presidente Javier Milei contra tres periodistas argentinos desató una fuerte reacción del sindicalismo, que calificó el accionar del Gobierno como “grave, peligroso y antidemocrático”.

Con un comunicado conjunto, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) alertaron sobre el avance sistemático contra el periodismo independiente y anunciaron la intensificación de acciones gremiales y denuncias internacionales.

El conflicto estalló luego de que el mandatario presentara denuncias penales por calumnias e injurias contra Carlos Pagni, Viviana Canosa y Ari Lijalad, una medida inédita desde el regreso de la democracia que —según advierten desde el gremio— configura un peligroso precedente de criminalización del periodismo desde las más altas esferas del poder político.

En un contexto en el que el Gobierno ya viene siendo fuertemente cuestionado por el cierre de medios públicos, el uso discrecional de la pauta oficial y una retórica sistemática de ataque a comunicadores, este nuevo paso judicial alimenta los temores sobre una estrategia de disciplinamiento y censura velada.

La democracia bajo presión

“Estamos frente a un ataque directo a la libertad de expresión, que no solo busca acallar voces críticas sino condicionar el ejercicio pleno del periodismo en la Argentina”, sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), quien también fue blanco de denuncias del oficialismo por su rol en las protestas gremiales.

Aguiar advirtió que estas acciones deben leerse como parte de un patrón: “Se inició con el desfinanciamiento y vaciamiento de los medios públicos, continuó con una creciente estigmatización del periodismo en el discurso presidencial y ahora escala hacia el plano judicial, con denuncias penales que buscan infundir miedo y paralizar la crítica”.

Desde SIPREBA y FATPREN coincidieron en que las medidas del Ejecutivo no son aisladas, sino que responden a una concepción del poder que desconoce las reglas básicas de la convivencia democrática. En su comunicado, señalaron que “el periodismo no puede ser atacado por cumplir con su deber. Defenderlo es defender el derecho de toda la sociedad a estar informada”.

¿Estrategia de miedo o señal de debilidad?

Lejos de interpretarse como una señal de fortaleza, la judicialización de la crítica periodística revela una creciente intolerancia del Gobierno frente al disenso. En lugar de responder con argumentos o abrir canales de diálogo, el oficialismo opta por el recurso judicial, un mecanismo que pone en tensión los principios republicanos y amplía la grieta entre el poder y la ciudadanía.

La estrategia, sin embargo, podría volverse en contra: al intentar disciplinar mediante el miedo, el Gobierno alimenta resistencias tanto en el ámbito sindical como en el periodismo, y fortalece la percepción de una administración cerrada sobre sí misma, reactiva a la crítica y con pulsiones autoritarias.

Para los gremios, esta situación exige una respuesta unificada de los actores democráticos. “No podemos naturalizar los discursos violentos ni aceptar el silenciamiento como forma de gobierno”, afirmó Aguiar. “Si se instala el miedo, desaparece la reacción. Y sin reacción, no hay democracia posible”.

La libertad de expresión como frontera

El ataque a la prensa marca una nueva etapa en la confrontación del oficialismo con sectores sociales organizados. Primero fueron los estatales, luego los científicos, los artistas, los docentes, y ahora, los periodistas. La estrategia es clara: debilitar toda mediación entre el poder y la ciudadanía, y concentrar el discurso en una narrativa única que no admite fisuras.

Frente a esto, los sindicatos de prensa refuerzan su compromiso con el periodismo libre y crítico. No se trata solo de defender puestos de trabajo, sino de sostener uno de los pilares centrales del orden democrático: el derecho a informar y ser informado sin presiones, sin persecuciones, sin miedo.