Viaje de Manuel Adorni: la Justicia indaga el financiamiento del vuelo y posibles conflictos de interés
La investigación judicial sobre el viaje a Punta del Este del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un elemento clave tras la declaración de un testigo ante el juez federal Ariel Lijo.
El testimonio de Agustín Issin, quien habría gestionado la compra del paquete aéreo el 9 de febrero, introduce un punto central en la causa: determinar si el financiamiento del viaje podría encuadrarse en una relación de dádivas o intercambio de favores, particularmente considerando el vínculo profesional previo de Grandio con el ámbito estatal.
Según fuentes judiciales señalaron a la Agencia NA, que el piloto vinculado a la facturación del vuelo privado aseguró que el costo del traslado habría sido cubierto por Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública y allegado al funcionario.
Desde una perspectiva estructural, el caso expone tensiones entre la esfera pública y privada en el ejercicio del poder, donde beneficios personales financiados por terceros pueden derivar en cuestionamientos éticos y legales. El uso de un avión ejecutivo —un Honda Jet operado por Alpha Centauri, con un costo estimado de 10.000 dólares por tramo— refuerza la dimensión del gasto involucrado y su relevancia en términos de transparencia.
En paralelo, el Gobierno enfrenta un escenario de desgaste político que derivó en una estrategia de “control de daños”. Esta implica sostener la visibilidad institucional de Adorni mediante una agenda activa de gestión, mientras se reduce la exposición pública del resto de los funcionarios. El objetivo es desplazar el eje del debate hacia la actividad gubernamental y mitigar el impacto mediático del caso.
