Tucumán: 12 años de prisión para un exmilitar por el secuestro y la apropiación del nieto recuperado 128
El Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a 12 años de prisión al excapitán de inteligencia del Ejército Carlos Alberto Vega por su participación necesaria en el secuestro, retención y ocultamiento de los hermanos Marcos Eduardo Ramos y Elías Ismael Suleimán durante la última dictadura militar.
El fallo consideró que ambos fueron víctimas de delitos de lesa humanidad y que, además, se buscó alterar o borrar sus identidades. Aunque la Fiscalía había solicitado 17 años de prisión efectiva, el tribunal dispuso que Vega cumpla la pena bajo monitoreo electrónico, según consignó la periodista Vanesa Petrillo.
El caso de Marcos Ramos expone una de las dimensiones más profundas del terrorismo de Estado: la desaparición no solo de personas, sino también de sus historias e identidades.
Secuestrado cuando tenía apenas cinco meses, fue inscripto como hijo biológico de otra pareja y vivió durante décadas con una identidad falsa.
En 2018 recuperó su filiación materna y, en junio de 2026, un nuevo estudio del Banco Nacional de Datos Genéticos permitió confirmar su vínculo paterno con Pastor Dante Campos, completando una reconstrucción familiar que permaneció oculta durante casi 50 años.
Su hermano Elías, que tenía ocho años al momento del secuestro, logró escapar de sus captores y reencontrarse con su familia. El relato de ambos hermanos permitió reconstruir parte de una maquinaria represiva que, según la acusación fiscal, decidió el destino de los niños como si fueran un “botín de guerra”.
Una condena que vuelve a poner el foco en la responsabilidad estatal
El tribunal también ordenó medidas de reparación integral y dispuso garantizar la continuidad de los tratamientos psicológicos de las víctimas. En su sentencia, remarcó que la búsqueda y la identificación de las personas apropiadas durante el terrorismo de Estado constituye una obligación permanente del Estado argentino.
La condena de Vega adquiere así una dimensión que excede la pena individual: representa el reconocimiento judicial de responsabilidades dentro del aparato represivo que permitió secuestrar, separar y alterar la identidad de niños durante la dictadura. Los fundamentos del fallo se conocerán el próximo 26 de agosto.
