Venezuela acusó a Estados Unidos de piratería tras el secuestro de un tercer barco petrolero
El gobierno venezolano anticipó que llevará el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU y otros organismos multilaterales, además de activar gestiones diplomáticas bilaterales. Más allá del desenlace inmediato, el episodio refleja el endurecimiento del conflicto entre ambos países y la centralidad del petróleo como eje de una disputa que combina sanciones, seguridad y geopolítica regional.
La tensión entre Venezuela y Estados Unidos volvió a escalar luego de que el gobierno de Nicolás Maduro denunciara el “secuestro” de un tercer buque petrolero que transportaba crudo venezolano en aguas internacionales.
Caracas atribuyó la operación a fuerzas estadounidenses y la calificó como un acto de piratería que viola normas fundamentales del derecho internacional, mientras Washington defendió la incautación como parte de su estrategia para frenar el comercio petrolero sancionado.
La denuncia fue formalizada mediante un comunicado firmado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en el que se afirmó que efectivos militares de Estados Unidos interceptaron un buque privado y provocaron la “desaparición forzada” de su tripulación. Según el gobierno venezolano, el episodio transgrede la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar y otros principios que rigen la libre navegación, lo que justificaría una respuesta en el plano diplomático y multilateral.
Desde Caracas, el hecho fue interpretado como una manifestación de un “modelo colonialista” por parte de Washington y como una presión directa sobre la principal fuente de ingresos del país: su industria petrolera. En ese sentido, el gobierno insistió en que continuará con su estrategia de crecimiento económico y desarrollo de los hidrocarburos de forma “independiente y soberana”, pese a las sanciones y a las acciones de interdicción marítima.
Estados Unidos, en cambio, ofreció una lectura diametralmente opuesta. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó la detención de un petrolero que había operado recientemente en Venezuela y aseguró que la Guardia Costera, con apoyo del Departamento de Guerra, actuó para frenar un “movimiento ilícito de petróleo sancionado”. Según Washington, estas operaciones estarían vinculadas a redes de financiamiento del narcoterrorismo en la región, una acusación que Caracas rechaza de manera categórica.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, reforzó esta postura al señalar que las intercepciones continuarán bajo el paraguas de la llamada “Operación Lanza del Sur”, cuyo objetivo declarado es desarticular redes criminales transnacionales. Para Venezuela, sin embargo, estas acciones no solo carecen de legitimidad jurídica, sino que constituyen un precedente peligroso para la seguridad marítima internacional.
