Tucumán: polémica por un proyecto estatal vinculado a la cadena del limón

Una controversia estalló en una de las economías regionales más destacadas de Argentina, la industria del limón, luego de que el Gobierno de Tucumán presentará un proyecto de ley ante la Legislatura provincial para establecer el «Instituto para el Crecimiento y Fomento del Limón (IFL)».

El Gobierno tucumano argumenta que la medida tiene como objetivo ayudar al sector privado a enfrentar la crisis que atraviesa la cadena productiva, con una disminución constante de las hectáreas en producción. Sin embargo, las principales empresas limoneras interpretaron la iniciativa como una intervención estatal en el mercado.

Un grupo de unas veinte compañías emitió un comunicado expresando fuertes críticas a la administración de Osvaldo Jaldo, alegando que el anteproyecto no fue compartido con la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA), mientras que el Gobierno afirma lo contrario, citando declaraciones del presidente de la entidad.

El ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, salió en defensa de la propuesta gubernamental, explicando que la crisis en el sector se debe al excedente de producción de limones y jugo, problemas de precio en el mercado mundial y la competencia con Sudáfrica. Estos desafíos, según Abad, han generado preocupación dado que el sector emplea a unas 50.000 personas de manera directa e indirecta.

«La intención es acompañar al sector privado para que desarrolle su actividad, facilitando la vía para que encuentren soluciones. Estamos respondiendo a lo solicitado por ACNOA a través de su presidente Pablo Padilla, proporcionándoles herramientas para resolver los problemas de la industria», afirmó Abad.

Enfatizando que el Gobierno no busca interferir en el mercado, Abad aseguró que están respaldando al sector privado y que aquellos con acuerdos deben generar ganancias.

Desde las grandes productoras y procesadoras de limón de Tucumán no tienen la misma opinión.

El comunicado que emitieron Acequiones SRL, Argentin Lemon SA, Biotuc SRL, Citromax SA, Citrusvil SA, Diego Zamora e Hijo SRL, Finar SA, Frutucumán SA, Inducítrica SA, Juan Antonio Zamora, La Patria SRL, Lapacho Azul SA, Los Pempa SA, Nougues SA, San Miguel, Ucuchacra SA y Veracruz SA, que representan el 75% de la producción limonera tucumana, fue particularmente duro sobre esta iniciativa.

“Expresamos nuestra profunda preocupación y nos oponemos al Proyecto de Ley 17-PE-24. A diferencia de lo que la ley pretende proteger, esta disposición perjudica a Tucumán y favorece directa, e injustamente, a otras provincias productoras como podrían ser Salta, Jujuy, Corrientes y a otros países competidores de Argentina como Estados Unidos, España, Brasil, Italia, Sudáfrica, etc., que sin duda aprovecharán la disminución forzada de nuestra oferta para capturar y apropiarse de nuestros mercados y clientes, que con tanto esfuerzo, inversión de capital e innovación, logramos construir”, reclamaron.

Desde su punto de vista, el fundamento que da origen al proyecto es equivocado, porque aduce una crisis de sobreproducción como si sucediera solo en Tucumán, y no como ocurre en la realidad que es un fenómeno de alcance global.