Incertidumbre laboral para 7 mil familias ante la compleja situación judicial de Granja Tres Arroyos
La principal productora avícola del país atraviesa un escenario crítico de viabilidad operativa y financiera, condicionado por un pasivo estimado en u$s350 millones.
Con el plazo del 30 de junio para consolidar un plan de reestructuración junto a asesores financieros, la firma experimenta una creciente judicialización de sus obligaciones comerciales y previsionales.
Diversos acreedores han presentado solicitudes de quiebra ante la justicia comercial ante el incumplimiento de pagos, lo que complejiza el proceso de negociación y proyecta incertidumbre sobre la continuidad laboral de sus casi 7 mil colaboradores.
El plan de contingencia propuesto a los acreedores busca mitigar el pasivo mediante esquemas que contemplan quitas de capital de hasta el 75% y plazos de amortización extensibles a siete años. No obstante, la viabilidad de este acuerdo se encuentra amenazada por reclamos judiciales de envergadura, entre los que destacan deudas por insumos alimenticios e impagos a su aseguradora de riesgos del trabajo por más de $4.200 millones acumulados entre finales de 2024 y principios de 2026. A este frente legal se suman demandas de empresas de logística de frío e indumentaria industrial.
La degradación de la cadena de pagos se ve reflejada de manera contundente en los registros de la autoridad monetaria, donde el grupo empresarial, incluyendo sus firmas vinculadas Wade S.A. y Avex S.A., acumula miles de instrumentos de pago rechazados por falta de fondos, superando en conjunto los $66.000 millones.
Esta asfixia financiera ya impacta directamente en la estructura productiva, evidenciada en el cese indeterminado de actividades en la planta de Concepción del Uruguay, la contracción en los niveles de faena y el fraccionamiento en la liquidación de haberes del personal.
