Sturzenegger arremete contra los viñateros mendocinos y profundiza la disputa entre desregulación y control del mercado
La judicialización del conflicto expone una tensión de fondo entre el ideario desregulador del Ejecutivo y sectores productivos que, más allá de intereses propios, advierten sobre los riesgos de un retiro abrupto del Estado. La resolución que adopte la Justicia no solo definirá el futuro del CIU, sino que también sentará un precedente sobre los límites y alcances del modelo de desregulación que el Gobierno busca consolidar.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a colocarse en el centro de la polémica al cuestionar con dureza a la Asociación de Viñateros de Mendoza, que recurrió a la Justicia para frenar la eliminación de la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU).
En un extenso mensaje público, el funcionario no solo descalificó el reclamo sectorial, sino que lo equiparó con la resistencia de la AFA, conducida por Claudio “Chiqui” Tapia, frente a las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.
Desde la óptica oficial, la decisión de volver opcional el CIU se inscribe en una estrategia más amplia de desregulación económica, bajo el argumento de eliminar trabas burocráticas y fomentar la competencia. Sturzenegger sostuvo que casi la mitad de los productores abandonó el trámite cuando dejó de ser obligatorio, lo que, según su interpretación, demostraría que el certificado no era necesario para el funcionamiento del sector.
Sin embargo, esta lectura omite un análisis más profundo sobre el impacto estructural que puede tener la eliminación de mecanismos de control en un mercado históricamente concentrado.
El ministro fue más allá y sugirió que el reclamo judicial de los viñateros esconde intereses corporativos. Planteó que el CIU habría funcionado como una herramienta para concentrar información estratégica y facilitar acuerdos de precios, una acusación grave que, aunque políticamente efectiva, carece de respaldo empírico presentado públicamente.
En ese sentido, la denuncia de “prácticas anticompetitivas” aparece más como un posicionamiento ideológico que como el resultado de una investigación concreta.
Asimismo, Sturzenegger insinuó que detrás de la defensa del certificado existiría un interés económico vinculado al financiamiento de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), cuyo esquema de recaudación se vería afectado sin el CIU. Esta afirmación vuelve a poner en discusión el rol de los organismos mixtos y las contribuciones sectoriales, pero lo hace desde una lógica binaria que contrapone “libertad” y “corporaciones”, sin atender a la complejidad productiva y social de la vitivinicultura mendocina.
El discurso del ministro refuerza la narrativa del gobierno de Javier Milei, que presenta a la regulación como un obstáculo casi intrínseco al desarrollo económico. No obstante, la comparación con la AFA y el uso de expresiones confrontativas tienden a simplificar un debate que exige mayor profundidad: cómo equilibrar la libertad de mercado con reglas que eviten abusos, protejan a los pequeños productores y aseguren transparencia.
