Solicitan la detención preventiva de Adorni por presunto riesgo de fuga y posible interferencia en la investigación

La situación judicial de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo luego de que el abogado Gregorio Dalbón solicitara ante la Justicia federal su prisión preventiva en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. De manera alternativa, pidió que se le impida abandonar el país y que se retenga su pasaporte mientras avanza el expediente.

La presentación fue realizada ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante una investigación iniciada a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, consignó la periodista Vanesa Petrillo (m1). Según el planteo de Dalbón, existen elementos suficientes para considerar que el exfuncionario podría obstaculizar el desarrollo de la causa o intentar eludir el accionar de la Justicia.

Uno de los puntos centrales del escrito se refiere a una supuesta maniobra para influir sobre un testigo considerado relevante para la investigación. El abogado sostiene que durante la instrucción surgieron indicios que señalarían intentos de acercamiento de Adorni hacia personas que debían declarar en la causa, lo que podría interpretarse como una conducta orientada a condicionar la producción de pruebas.

La acusación se apoya especialmente en el testimonio de Matías Tabar, contratista que participó en obras realizadas en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá Golf Club. Según consta en la presentación, el empresario habría manifestado que fue contactado por Adorni antes de comparecer ante la Justicia, circunstancia que para la querella constituye un elemento que merece ser evaluado por los investigadores.

Dalbón también argumenta que la trayectoria política y la posición institucional que ocupó Adorni hasta su reciente salida del Gobierno le habrían permitido construir una red de vínculos capaz de influir en personas relacionadas con el expediente o dificultar la obtención de nuevas evidencias.

Otro aspecto señalado en el escrito está vinculado a las explicaciones brindadas por el exfuncionario respecto de la evolución de su patrimonio. La presentación sostiene que existieron modificaciones y contradicciones en sus declaraciones públicas a medida que avanzaba la investigación, situación que, según la acusación, podría ser interpretada como un intento de adecuar versiones frente a los elementos que iban surgiendo en la causa.

En paralelo, el documento repasa diversas operaciones inmobiliarias bajo análisis judicial. Entre ellas aparece la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, una transacción que despertó interrogantes por las características del financiamiento utilizado. Asimismo, se mencionan las remodelaciones realizadas en una vivienda ubicada en un country, cuyos pagos, de acuerdo con testimonios incorporados al expediente, habrían sido efectuados en efectivo.

La solicitud de prisión preventiva también se fundamenta en un supuesto riesgo de fuga. Para Dalbón, la capacidad económica atribuida a Adorni, sumada a la existencia de recursos financieros no declarados inicialmente y al acceso a medios de transporte privados, incrementaría las posibilidades de abandonar el país para evitar el avance de la investigación.

A ello agrega que la reciente renuncia a su cargo implicó la pérdida de uno de sus principales factores de arraigo institucional, circunstancia que, según su interpretación, debe ser considerada al momento de evaluar medidas cautelares.

Con estos argumentos, el abogado concluyó que existen riesgos concretos para el normal desarrollo del proceso judicial y reclamó la adopción de medidas urgentes. En caso de que no prospere el pedido de prisión preventiva, solicitó que se dicte la prohibición de salida del país, con la correspondiente retención del pasaporte y notificación a las autoridades migratorias.