Senadores oficialistas y dialoguistas se niegan investigar a Javier Milei por el caso $LIBRA
En una sesión marcada por tensiones y maniobras políticas, el Senado rechazó la creación de una comisión investigadora sobre el rol del presidente Javier Milei en el escándalo cripto vinculado al token $LIBRA.

Con 47 votos afirmativos y 27 negativos, la iniciativa no logró alcanzar los dos tercios necesarios (48 votos) para su aprobación, lo que impidió avanzar en la investigación sobre si el mandatario violó la Ley de Ética Pública.
La propuesta, impulsada por el senador Pablo Blanco y respaldada por figuras como Martín Lousteau y Eduardo Vischi, evidenció fracturas internas en la UCR. En una controvertida decisión, el propio Vischi, tras haber firmado el proyecto días atrás, votó en contra.
Según se supo en medios de prensa, presiones desde Casa Rosada fueron clave para que los gobernadores radicales maniobraran en favor del Gobierno, logrando así frenar la investigación.
Los votos de seis senadores radicales fueron determinantes para el rechazo de la comisión. A pesar de haber apoyado su incorporación en el temario, en la votación final, legisladores como Mercedes Valenzuela, Stela Maris Olalla, Eduardo Galaretto, Mariana Juri y Victor Zimmerman se alinearon con la estrategia del oficialismo. En el PRO, solo Guadalupe Tagliaferri se desmarcó del rechazo mayoritario.
El resultado de la sesión refleja una operación política bien orquestada por el oficialismo y sus aliados. El radicalismo, que en principio parecía inclinado a respaldar la investigación, terminó siendo el artífice del bloqueo. La presión sobre los gobernadores y las movidas para desactivar el quórum fueron evidentes, según trascendidos parlamentarios.
Esta decisión del Senado genera un fuerte malestar en la oposición y en sectores que esperaban mayor transparencia en torno al escándalo $LIBRA. La falta de una investigación oficial refuerza las sospechas sobre posibles irregularidades en la promoción del token por parte de Milei y su entorno.
Con este rechazo, el oficialismo logra evitar un escrutinio legislativo sobre uno de los mayores escándalos de su gestión, pero a costa de acrecentar la desconfianza pública y la percepción de impunidad.
