¿Se viene el «ICE» europeo? la controvertida propuesta de la UE que genera alarmas
La Comisión Europea aprobó esta semana en comisión una pionera y polémica iniciativa destinada a reforzar las deportaciones de inmigrantes irregulares en el bloque, pero las ONG advierten que el plan podría abrir la puerta a prácticas similares a las controvertidas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.
El llamado Reglamento de Retorno de la UE propone crear un «Sistema Europeo Común de Retorno» que busca agilizar y hacer más eficaces los procedimientos de expulsión en todos los Estados miembros. Entre sus medidas más críticas se incluyen la creación de «centros de retorno» fuera de la UE para alojar a solicitantes rechazados y la posibilidad de retener a inmigrantes hasta dos años si las autoridades lo consideran necesario.
Mientras los defensores argumentan que la reforma responde a bajos índices de deportación y a la necesidad de gestionar eficazmente la migración irregular, las organizaciones civiles alertan sobre posibles abusos. En particular, temen que algunos aspectos del plan puedan facilitar prácticas coercitivas y violaciones a los derechos humanos, similares a las realizadas por el ICE en Estados Unidos, como registros policiales en domicilios privados, perfiles raciales y vigilancia masiva.
A principios de febrero, unas 70 ONG emitieron una declaración conjunta advirtiendo que ciertas disposiciones podrían derivar en operaciones policiales invasivas, con un potencial riesgo de ampliar los poderes de investigación sin un marco regulatorio claro. La organización PICUM y otros activistas señalan que algunos países europeos ya implementan mecanismos similares, como la legislación alemana que obliga a denunciar inmigrantes indocumentados, incluyendo en centros asistenciales o en la atención sanitaria.
La responsable de políticas de PICUM, Silvia Carta, expresó su preocupación: «Esta propuesta podría facilitar redadas en domicilios y oficinas sin garantías suficientes, ampliando los poderes investigativos de forma arbitraria». La organización pide una regulación más estricta para evitar abusos.
Por su parte, la Comisión Europea rechaza las comparaciones con los CIE y asegura que la propuesta no obliga a realizar redadas ni perfiles raciales, garantizando la protección de derechos fundamentales. Un portavoz afirmó que la iniciativa es compatible con el Derecho internacional y que incluye salvaguardas que protegen a los retornados.
Sin embargo, críticos y ONG alertan que las referencias vagas a los derechos fundamentales podrían ser insuficientes, ya que su aplicación práctica varía entre países. La propuesta aún debe pasar por varias etapas legislativas, incluyendo la aprobación en el Parlamento Europeo y negociaciones entre los Estados miembros, en un proceso que genera incertidumbre sobre su impacto final en las políticas migratorias y los derechos humanos en Europa.
