Residentes del Hospital Garrahan piden la renuncia de los directivos que los amenazan y los aprietan
El Hospital Garrahan, símbolo de la salud pediátrica pública en Argentina, atraviesa una crisis institucional sin precedentes. Residentes y profesionales denuncian presiones, amenazas de despido y aprietes directos por parte de las autoridades hospitalarias y del Gobierno nacional, en un intento por sofocar las protestas salariales.
La escena expone con crudeza el deterioro del sistema de salud pública, donde la represión reemplaza al diálogo y la precarización avanza sobre quienes sostienen la primera línea de atención.
La jefa de clínica Carolina Goedelman, referente de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan, describió un clima de amedrentamiento inaceptable: “Primero llegó un aviso a los jefes de que iban a contratar médicos pediatras para reemplazar a los residentes. Luego, comenzaron a recibir telegramas y advertencias verbales: los amenazaron con despidos”.
La asamblea de residentes, ante este escenario de coerción, resolvió levantar la huelga indefinida “obligada” por las amenazas, y canceló su participación en la marcha prevista a Plaza de Mayo. Pero el mensaje fue claro: la lucha no terminó, fue suspendida bajo presión. Mientras tanto, el personal de planta anunció que continuará con las medidas de fuerza y planea extender el reclamo a otros hospitales del país.
El Estado como verdugo: cuando reclamar es un acto de riesgo
El conflicto, lejos de ser una disputa aislada, refleja el uso autoritario del aparato estatal para suprimir demandas legítimas. Que un residente de un hospital público tenga que elegir entre reclamar por su salario o conservar su empleo es la evidencia más brutal de un modelo que no tolera ni siquiera la voz de quienes salvan vidas.
La estrategia de reemplazo por “médicos contratados” no solo revela desprecio por la formación profesional y el rol de los residentes, sino que profundiza el vaciamiento institucional: se opta por tapar el conflicto con parches antes que asumir responsabilidades políticas.
Imputaciones, silencios y una gestión bajo la lupa
Mientras las protestas arden en los pasillos del Garrahan, el ministro de Salud, Mario Lugones, fue imputado por el fiscal Guillermo Marijuan por presuntas irregularidades en la administración del hospital. La denuncia —impulsada por Elisa Carrió y la diputada Marcela Campagnoli— advierte sobre la remoción forzada del Consejo Directivo y decisiones arbitrarias en la distribución de bonos, lo que podría configurar una violación a la autonomía institucional y una manipulación política de la gestión hospitalaria.
La causa, ahora en manos del juez Sebastián Casanello, podría marcar un punto de inflexión si se comprueba la intervención indebida del Ministerio en la toma de decisiones internas del Garrahan, que hasta ahora había mantenido un perfil técnico y autónomo.
La salud pública no se gestiona con telegramas de despido
La Asociación de Profesionales y Técnicos fue contundente en su repudio al accionar oficial: “Intentan silenciar el reclamo legítimo mediante presiones institucionales. Pero vamos a seguir luchando por condiciones dignas y salarios justos”.
El caso del Garrahan no es una excepción, sino un síntoma: la salud pública argentina está siendo empujada al colapso, no por falta de capacidad ni de vocación, sino por decisiones políticas que priorizan el ajuste y la represión por sobre el diálogo y la inversión.
Lo que está en juego no es solo el salario de los residentes, sino el futuro de un sistema sanitario que ya no puede respirar. Y si en el hospital emblema del país las amenazas reemplazan a la negociación, ¿qué les queda a los hospitales más vulnerables del conurbano o del interior del país?
