Represión frente al Congreso: el Padre Paco herido en una nueva avanzada contra la protesta social

En una escena que se vuelve dolorosamente habitual, la tradicional marcha de los miércoles de jubilados frente al Congreso terminó con represión, heridos y detenidos.

Entre los afectados se encontraba el sacerdote Francisco “Paco” Olveira, referente del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, quien sufrió una herida debajo del ojo producto de la violencia policial. Su agresión expone, una vez más, el endurecimiento represivo como respuesta oficial frente al reclamo social.

La movilización de este miércoles, integrada mayoritariamente por adultos mayores y sostenida semana tras semana como símbolo de resistencia, volvió a denunciar el brutal ajuste económico del Gobierno de Javier Milei. Las políticas de recorte a las jubilaciones, la devaluación del haber mínimo y el aumento del costo de vida, especialmente en medicamentos y alimentos, motivaron la concentración frente al Congreso. Sin embargo, el Gobierno optó por una respuesta de fuerza en lugar de diálogo.

En declaraciones a Argenzuela, el Padre Paco relató lo sucedido: “Los que están mal son los jubilados, el cura no importa. Estábamos en la primera fila, y cuando una jubilada cayó al piso por los empujones, nos acercamos a ayudarla. Ahí intentaron detener a un compañero, diciendo falsamente que golpeaba a la Policía”. Según describió, su herida fue causada por un escudo o un golpe directo de los uniformados.

Un Estado que reprime la fragilidad

La represión de una protesta pacífica de jubilados no es solo una escena de abuso policial: es también una definición política. Apuntar contra quienes, con bastones o pancartas, piden condiciones de vida dignas, marca una frontera clara en la relación del Estado con los sectores más vulnerables. Y en este caso, con sectores que históricamente dieron su vida laboral al país.

Lejos de ser un caso aislado, la represión de esta marcha se suma a una serie de episodios en los que el gobierno de Milei parece naturalizar la criminalización de la protesta social. Desde el protocolo antipiquetes impulsado por Patricia Bullrich hasta los múltiples casos de represión en protestas sindicales o barriales, se configura un clima de intolerancia estatal hacia la expresión democrática.

El doble estándar y el «privilegio» de la sotana

«Yo tengo coronita, el pueblo no», reflexionó el sacerdote en declaraciones televisivas, haciendo referencia a que su figura como cura le evitó ser detenido. Mientras tanto, otro manifestante permanecía demorado por ejercer su derecho a la protesta. La frase expone, sin ambigüedades, un patrón inquietante: en la Argentina actual, el acceso a derechos básicos como expresarse o reclamar puede depender del rol social o del perfil público del manifestante.

¿Normalización de la represión?

La marcha de jubilados no solo visibiliza la situación de quienes subsisten con haberes mínimos. También denuncia la erosión acelerada de los espacios democráticos para expresar el disenso. Cuando el Estado responde con palos a quienes piden una jubilación digna, no solo se reprime un cuerpo: se reprime una idea. Y se pone en juego el contrato democrático que garantiza a los ciudadanos que pueden hablar sin miedo a ser golpeados.

En tiempos donde el ajuste se impone como única política económica, y la protesta como único lenguaje posible de los excluidos, lo que está en juego va más allá del salario o del haber: es la legitimidad misma de la disidencia. ¿Estamos dispuestos a naturalizar que la respuesta sea siempre la violencia?