Represión del gobierno: en cinco meses, son más las personas heridas que en todo 2024
En un escenario de creciente conflictividad social y aumento de la represión estatal, las fuerzas de seguridad hirieron en los primeros cinco meses del 2025 a una cantidad de personas que supera las cifras de todo el año pasado, según datos de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Mientras los jubilados vuelven a movilizarse semanalmente en rechazo a las políticas del Gobierno y en reclamo de mejoras en sus condiciones sociales y económicas, las fuerzas de seguridad mantienen una postura cada vez más represiva.
Desde fines del 2024, la CPM informó que unas 1.231 personas resultaron heridas en manifestaciones en lo que va del 2025, superando las 1.216 heridas registradas en todo 2024. Este incremento alarmante refleja una política de represión que, en palabras de los activistas, parece consolidarse como una práctica habitual.
En el último operativo en las inmediaciones del Congreso, efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria impidieron el corte de tránsito, aplicaron gases lacrimógenos y atacaron a los manifestantes, incluyendo periodistas y fotógrafos que cubrían la protesta de jubilados, en un episodio que suma tensión a la escalada de violencia.
La protesta semanal de los jubilados, que reclama aumentos en sus haberes, la restitución de medicamentos gratuitos a través del PAMI y la oposición al veto presidencial a una ley de incremento salarial, continúa enfrentando una fuerte represión.
La decisión del Ministerio de Seguridad de no permitir cortes de tránsito y restringir las movilizaciones ha derivado en operativos cada vez más agresivos, bajo el protocolo “anti piquetes” implementado por la ministra Patricia Bullrich.
Represión a la prensa
La situación también ha puesto en evidencia la vulnerabilidad y exposición de la prensa en las movilizaciones. Ante la represión sistemática, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) entregó kits de protección a periodistas que cubren estas manifestaciones, y convocó a una reunión con otros gremios para fortalecer las acciones de defensa y exigir condiciones seguras para la cobertura informativa. La protección de los trabajadores de prensa se ha convertido en una prioridad ante la escalada de violencia estatal.
El aumento de la represión coincide con un deterioro social y económico que afecta a amplios sectores de la población. Según un informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, durante el primer año y medio del gobierno de La Libertad Avanza, los indicadores sociales y laborales mostraron un fuerte retroceso.
La pobreza alcanzó el 38,1%, y la indigencia el 8,2%, con datos aún más críticos en niños, niñas y adolescentes, donde el 52,7% son pobres y el 12,3% indigentes. La caída en los salarios reales, la inflación persistente y la falta de avances en las paritarias profundizan el malestar social.
Este contexto de recrudecimiento represivo y crisis social genera preocupación entre organizaciones de derechos humanos y gremios, que advierten sobre la necesidad de frenar la escalada de violencia y buscar soluciones que pongan fin a la vulneración de derechos y la violencia institucional. La situación continúa en plena tensión, con movilizaciones y reclamos que desafían la lógica de una represión cada vez más brutal.
