Reforma penal juvenil: el Gobierno habló de deuda histórica y celebró el avance en Diputados
Con la media sanción ya obtenida, la discusión se traslada ahora al Senado, donde se pondrá a prueba la solidez de la mayoría construida en Diputados y la capacidad del Ejecutivo para sostener su narrativa de cambio estructural.
Tras la media sanción en Diputados de la reforma del Régimen Penal Juvenil —que reduce la edad de imputabilidad a 14 años— el Gobierno nacional celebró el resultado como un punto de inflexión político y discursivo.
La aprobación se produjo pocas horas después de otro avance legislativo clave para el oficialismo, la reforma laboral, consolidando una semana de alto rendimiento parlamentario.
A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el Ejecutivo sostuvo que durante más de cuatro décadas la dirigencia evitó abordar el debate. En esa línea, argumentó que se presentaron decenas de proyectos sin tratamiento efectivo, mientras —según su diagnóstico— la dinámica del delito se volvió “más violenta, más organizada y más precoz”.
El mensaje construye así una narrativa de ruptura: el oficialismo se posiciona como el actor que enfrenta una discusión históricamente postergada.
El texto oficial plantea que la normativa vigente quedó “anclada en otra época” y que el nuevo régimen corrige una “distorsión” al establecer que quien comete un delito debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad. La formulación busca desplazar el eje del debate desde la edad de imputabilidad hacia el principio de responsabilidad penal, intentando contrarrestar las críticas que señalan riesgos de regresividad en términos de derechos.
En esa misma clave, el presidente Javier Milei agradeció el respaldo de los legisladores que acompañaron la media sanción y vinculó la reforma con una de las principales demandas sociales: la inseguridad. El oficialismo refuerza así su estrategia de asociar la agenda penal con una respuesta directa a preocupaciones ciudadanas, capitalizando un tema de alta sensibilidad pública.
El comunicado también incluyó un mensaje hacia el Senado, al que instó a tratar la iniciativa “con urgencia”, lo que revela la intención de sostener el impulso político y evitar que el proyecto pierda tracción en la Cámara alta.
En su tramo final, el Gobierno afirmó que un joven de 14 años comprende la gravedad de sus actos, una definición que resume el enfoque conceptual de la reforma y marca distancia con las posturas que privilegian un abordaje centrado exclusivamente en la protección integral.
Más allá de la celebración oficial, el debate de fondo persiste: si la baja de la edad de imputabilidad constituye una herramienta eficaz frente al delito juvenil o si el desafío radica en articular políticas más amplias de prevención, inclusión y fortalecimiento institucional.
