Destituyeron a un juez en Mar del Plata por violencia laboral y de género

La decisión fue adoptada por el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires tras un proceso que incluyó testimonios de más de veinte personas y la incorporación de pericias que respaldaron las acusaciones de maltrato, acoso sexual, hostigamiento y abuso de poder. El caso, impulsado por la Asociación Judicial Bonaerense, concluyó con la aplicación de la sanción máxima: la destitución.

La remoción del juez Mariano Riva, quien se desempeñaba en un tribunal laboral de Mar del Plata, marca un punto de inflexión en el abordaje de las denuncias por violencia laboral y de género dentro del Poder Judicial bonaerense, aunque también deja al descubierto fallas estructurales en los mecanismos de control interno.

Más allá del fallo, el episodio revela una problemática de mayor alcance: la persistencia de dinámicas de violencia en ámbitos que, paradójicamente, deberían garantizar derechos. El hecho de que las denuncias hayan prosperado recién tras la intervención gremial y la acumulación de pruebas plantea interrogantes sobre la eficacia de los canales institucionales previos y la protección real de las víctimas dentro del sistema judicial.

Desde el gremio, voces como las de Oscar Yenni y Mónica Blanc destacaron el fallo como un precedente relevante y resultado de la organización colectiva. Sin embargo, esa lectura convive con una dimensión menos celebratoria: la necesidad de que estos casos no dependan exclusivamente de la presión sindical o mediática para avanzar.

En ese sentido, la destitución de Riva se inscribe en un contexto más amplio de creciente visibilización de las violencias laborales y de género, pero también de demandas por reformas profundas. La reiteración de episodios similares sugiere que, más que excepciones, estos casos podrían ser síntomas de una cultura institucional que aún presenta resistencias a incorporar plenamente la perspectiva de género y a garantizar entornos laborales seguros.

Así, el fallo no solo sanciona conductas individuales, sino que reabre el debate sobre hasta qué punto el Poder Judicial está dispuesto —o preparado— para revisar sus propias prácticas y estructuras.