Derrumbe en la construcción: empresario reduce su personal en un 75% tras el freno de la obra pública

Así lo expuso el empresario entrerriano Iván Szczech, quien vinculó directamente la crisis del sector con la decisión del gobierno de Javier Milei de interrumpir la ejecución de obras financiadas por el Estado nacional.

El abrupto parate de la obra pública desde fines de 2023 comienza a mostrar sus efectos más concretos en el entramado productivo: caída del empleo, proyectos inconclusos y una creciente judicialización de los contratos.

Según detalló el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, su empresa pasó en pocos meses de emplear a más de 2.000 trabajadores a apenas 500. La reducción, lejos de ser gradual, se concentró entre enero y marzo de 2024, reflejando el impacto inmediato de la paralización de contratos vigentes. La contracción no solo afectó al personal directo, sino también a proveedores y a toda la cadena asociada a la actividad.

Al momento de la interrupción, la firma tenía en ejecución cerca de 300.000 metros cuadrados de obras, que incluían desarrollos urbanos, infraestructura básica y proyectos sanitarios en distintos municipios bonaerenses. Entre ellos, distritos como Avellaneda, Lomas de Zamora y Escobar. Muchas de estas iniciativas —que abarcaban desde viviendas hasta plantas de tratamiento y hospitales— quedaron inconclusas pese a contar con contratos en curso, lo que abrió un frente de conflicto legal entre las empresas y el Estado.

El diagnóstico de Szczech no se limita a su caso particular. Según su evaluación, el freno generalizado de la obra pública y la falta de continuidad en los acuerdos entre Nación y provincias derivaron en una caída cercana al 30% en la actividad del sector, acompañada por una pérdida estimada de 120.000 puestos de trabajo a nivel nacional. Este escenario pone en evidencia no solo el impacto económico inmediato, sino también la ausencia de una estrategia de infraestructura de largo plazo.

En ese sentido, el empresario planteó una crítica estructural: la falta de una política de Estado que establezca prioridades claras en materia de inversión.

En un contexto de recursos limitados, sostuvo, la discusión no debería centrarse únicamente en recortar el gasto, sino en definir qué obras resultan estratégicas para sostener el desarrollo económico. Así, el ajuste en la obra pública aparece no solo como una decisión fiscal, sino como un factor que reconfigura —y tensiona— las bases productivas del país.