Reforma laboral y el riesgo de una mayor brecha de género

Los informes técnicos de organizaciones como el IEF y el Observatorio de Género de ATE coinciden en que la implementación del Fondo de Cese Laboral y el banco de horas no solo alteran la jornada de trabajo, sino que desmantelan el sistema de protección social que sostiene mayoritariamente a mujeres y disidencias.

El debate legislativo previsto para este miércoles 11 de febrero en el Congreso de la Nación trasciende la flexibilización de las normas de contratación y se posiciona como un factor crítico en la profundización de la brecha de género en Argentina.

Uno de los ejes más preocupantes desde una mirada analítica es el desfinanciamiento del Sistema Integrado Previsional Argentino. La propuesta de derivar un 3 por ciento de los aportes patronales hacia fondos de inversión privados bajo el esquema de cuentas individuales implica una caída proyectada del 30 por ciento en la recaudación previsional.

Dado que las mujeres representan el 58 por ciento de los beneficiarios del sistema y el 70 por ciento de las titulares de la Asignación Universal por Hijo, este recorte fiscal impacta directamente en los ingresos de los hogares más vulnerables y condena a una mayor precariedad en la vejez.

La flexibilización de la jornada laboral mediante el banco de horas y la fragmentación de vacaciones presenta un conflicto insalvable con la organización de las tareas de cuidado. En un mercado donde la participación laboral femenina ya enfrenta brechas estructurales, la incertidumbre horaria dificulta la conciliación con las responsabilidades domésticas.

Esto se agrava en sectores como el trabajo en casas particulares y el comercio, donde la alta informalidad y la eliminación de multas por falta de registro laboral dejan a las trabajadoras sin mecanismos de defensa frente a la arbitrariedad patronal.

En definitiva, la reforma ignora la realidad de un mercado de trabajo donde la mayoría de los hogares cuenta con dos proveedores de ingresos pero mantiene un esquema de licencias obsoleto.

Al retirar al Estado de su rol regulador y desfinanciar la seguridad social, el proyecto de ley no solo busca abaratar los costos de despido, sino que traslada el ajuste económico hacia el trabajo no remunerado de las mujeres, consolidando un modelo de pobreza feminizada que compromete la autonomía económica de las futuras generaciones.