Reforma laboral: las pymes advierten impactos mixtos y reclaman un debate para evitar daños al empleo

Las posiciones empresarias muestran que la reforma despierta más incógnitas que certezas. El desafío será encontrar un punto de equilibrio que no precarice a los trabajadores ni exponga a las pymes a mayores riesgos económicos. La discusión legislativa será así un termómetro clave para medir la capacidad del Gobierno de construir acuerdos duraderos en uno de los terrenos más sensibles del país.

La reforma laboral que impulsa el Gobierno abrió un frente complejo entre las pequeñas y medianas empresas, un sector que suele ser presentado como “motor de la economía”, pero que enfrenta realidades diversas y posiciones encontradas. Las principales cámaras empresarias coincidieron en que el proyecto contiene puntos rescatables y otros que podrían agravar la situación productiva, especialmente en un contexto de recesión y caída del consumo interno.

Julián Moreno, titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), fue el más crítico y advirtió que la reforma, tal como está planteada, podría convertirse en un boomerang para las propias pymes. Su argumento es que cualquier deterioro del salario —producto de una mayor flexibilidad en vacaciones, indemnizaciones o despidos— repercute directamente sobre el mercado interno, principal fuente de ingresos para este tipo de empresas. “En un escenario recesivo, ninguna reforma estructural logró generar empleo genuino ni expandir la demanda”, señaló, marcando un contrapunto con el optimismo oficial.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), su vocero Vicente Lourenzo adoptó un tono más prudente. Reconoció que la iniciativa contiene elementos que podrían modernizar la relación laboral, pero también alertó que otros artículos tendrían efectos contraproducentes. La entidad analiza en detalle cada capítulo antes de fijar una posición formal, lo que deja entrever tensiones internas y la dificultad de evaluar una reforma que combina alivio para empleadores con riesgos de conflictividad jurídica.

Una visión más favorable provino de Industriales Pymes Argentinos (IPA), cuyo presidente, Daniel Rosato, reivindicó especialmente la creación del Fondo de Cese Laboral (FCL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Para él, estos mecanismos otorgan previsibilidad tanto a las empresas como a los trabajadores, ya que permiten acumular recursos a lo largo de la vida laboral y trasladarlos entre empleos. Según su análisis, esto moderniza la protección social y reduce la incertidumbre en momentos de desvinculación.

Rosato también reclamó que el Congreso abra un canal institucional para discutir ajustes al proyecto junto a las pymes, advirtiendo que cualquier reforma sin consenso corre el riesgo de quedar empantanada en la Justicia o en conflictos callejeros. Su planteo apunta a un problema estructural: sin seguridad jurídica ni reglas estables, muchas inversiones quedan en pausa y las disputas laborales se vuelven un costo impredecible.

En ese sentido, volvió a impulsar propuestas como el Régimen de Incentivos para Pymes Industriales (RIPI), una iniciativa que promete beneficios fiscales, estabilidad normativa y mejores condiciones cambiarias para fomentar el desarrollo productivo. La apuesta se centra en lograr un equilibrio entre competitividad empresaria y protección laboral, algo que el actual proyecto de reforma, según advierten algunas voces, no termina de resolver.