Reforma laboral en jaque: cuatro impugnaciones judiciales y un fallo que frena la reducción de indemnizaciones
La discusión no parece cerrarse pronto, y la tensión entre la política oficial y los tribunales se proyecta como un factor clave para el futuro del mercado laboral argentino.
La reforma laboral aprobada recientemente sigue generando tensiones en los tribunales federales, con múltiples presentaciones que buscan frenar sus avances.
Hasta ahora, ya son cuatro los planteos judiciales por inconstitucionalidad: la CGT, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), los estatales de Neuquén y la Asociación de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (AAPM).
El escenario judicial hasta ahora refleja una dinámica desigual. Mientras la CGT sufrió un traspié cuando su planteo fue rechazado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 7, los estatales de Neuquén obtuvieron un fallo favorable. El juez federal Ricardo Gileta declaró inconstitucional el artículo 55 de la reforma, que reduce entre un 20% y un 60% los montos de las indemnizaciones por despido en comparación con los criterios previos de los tribunales. Según Gileta, la norma vulnera el principio de igualdad ante la ley al diferenciar entre expedientes antiguos y causas nuevas, imponiendo un trato desigual a los trabajadores.
La presentación de la AAPM apunta a cuestionar la reforma en su núcleo, calificándola de retroceso histórico: “Significa retroceder más de 100 años en derechos laborales y gremiales”, advirtieron desde el gremio, al tiempo que destacaron que la normativa amenaza conquistas históricas de generaciones de trabajadores.
En el caso de la CGT, la estrategia judicial se centró en los artículos que trasladan la jurisdicción de los tribunales laborales a la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el tribunal rechazó la medida cautelar, al considerar que no existía un peligro inmediato ni un perjuicio irreparable que justificara suspender la ley antes de la sentencia definitiva.
APLA, por su parte, planteó que la reforma limita derechos colectivos, como la huelga y la realización de asambleas, esenciales para la actividad sindical y aerocomercial. Su planteo aún no fue resuelto, pero suma presión al debate sobre la constitucionalidad de la norma.
En conjunto, estos fallos y demandas reflejan la creciente resistencia social y judicial frente a una reforma que, según críticos, reduce derechos laborales fundamentales y favorece un marco más flexible para los empleadores, mientras el Gobierno sigue celebrando sus avances legislativos.
