Reforma de la Ley de Glaciares: el Ejecutivo oficializó cambios que flexibilizan la protección ambiental
La iniciativa introduce modificaciones sustanciales en los criterios de protección, reduciendo las áreas bajo resguardo y habilitando actividades, como la minería, en zonas previamente restringidas.
A apenas dos semanas de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional formalizó la reforma de la Ley de Glaciares mediante su publicación en el Boletín Oficial bajo el número 27.804.
La promulgación se concretó a través del Decreto 271/2026. En su paso por el Congreso, la norma obtuvo un respaldo ajustado: en Diputados cosechó 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, mientras que en el Senado fue aprobada por 40 votos positivos, 31 negativos y una abstención.
El nuevo marco legal establece lineamientos mínimos para la preservación de glaciares y áreas periglaciares, considerados reservas estratégicas de agua. Según el texto, estos ecosistemas cumplen un rol clave en el abastecimiento hídrico, la recarga de cuencas, la biodiversidad, la investigación científica y el turismo.
En cuanto a las restricciones, se mantienen prohibiciones sobre la liberación de contaminantes, la instalación de industrias y la construcción de infraestructura, salvo excepciones vinculadas a la investigación o a la mitigación de riesgos. Sin embargo, la protección quedará limitada a aquellos glaciares y formaciones periglaciares que acrediten una función hídrica concreta.
Uno de los cambios más relevantes radica en la descentralización de decisiones: las provincias tendrán mayor injerencia para determinar qué áreas deben preservarse y cuáles podrán destinarse a desarrollos productivos.
Asimismo, se conserva el registro nacional bajo la órbita del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, aunque con atribuciones más acotadas. Como requisito central, toda actividad en estas zonas deberá someterse previamente a evaluaciones de impacto ambiental y a análisis estratégicos.
