Radiografía de la destrucción del empleo formal durante el 2025

Lo que el discurso oficial intenta presentar como un proceso de ordenamiento económico se traduce, en la práctica, en un mapa de conflictividad creciente donde la apertura de importaciones y el desplome del consumo interno configuraron un escenario de vulnerabilidad extrema para la clase trabajadora.

El balance laboral del último año revela una erosión profunda y sistemática del mercado de trabajo en Argentina, caracterizada por la pérdida de más de 270 mil puestos registrados y el cierre de miles de unidades productivas.

A lo largo de los doce meses, el fenómeno de la desocupación dejó de ser una amenaza sectorial para transformarse en una realidad transversal.

Desde la caída temprana en los rubros de servicios y hotelería a principios de año, pasando por la crisis terminal de industrias históricas como Celulosa Argentina o la alimenticia Mondelez, el modelo ha castigado con especial dureza al sector manufacturero.

La política de libre comercio sin salvaguardas locales facilitó el desplazamiento de la producción nacional por bienes extranjeros, provocando despidos masivos en polos industriales clave como Zárate, Pilar y Tierra del Fuego.

Desde una perspectiva crítica, el accionar de las grandes corporaciones ha mostrado un patrón de ajuste que excede lo económico: el desmantelamiento de estructuras sindicales y la persecución de delegados, como se observó en los casos de Toyota, Pirelli y BGH.

Bajo el amparo de una supuesta búsqueda de competitividad, empresas de renombre han recurrido a suspensiones rotativas y retiros voluntarios para encubrir la destrucción de empleos calificados, mientras que otras, en el sector comercial, han intentado maniobras legales para reducir las indemnizaciones de ley, agravando el desamparo de quienes quedan fuera del sistema.

El impacto en el sector público no ha sido menor, con una reducción drástica en las plantillas estatales y el desfinanciamiento de áreas sensibles como la salud y la ciencia, lo que derivó en masivas movilizaciones de profesionales.

El cierre del año con casi dos mil industrias menos y un clima de temor social generalizado —donde ocho de cada diez trabajadores temen por su estabilidad— confirma que la actual gestión económica prioriza los equilibrios macroeconómicos por sobre el derecho al trabajo.

La parálisis de la obra pública y el retiro del Estado como árbitro en las disputas laborales han dejado un territorio fragmentado y una fuerza laboral que comienza el nuevo ciclo en una posición de fragilidad histórica.