Químicos denuncian una ‘estafa empresarial’ en Petroquímica Río Tercero
La organización gremial acusó a la compañía de “amedrentar” a los trabajadores y de montar una “estafa empresarial”, al tiempo que denunció la falta de respuestas concretas durante el período de negociación.
El conflicto entre el Sindicato de Químicos y la empresa Petroquímica Río Tercero escaló este viernes a un punto crítico, en la última audiencia convocada bajo el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de Córdoba.
La audiencia, que se desarrolló en un clima tenso, marcó el cierre de la instancia administrativa previa a la definición del Ministerio sobre si extenderá o no la conciliación. De esta decisión depende, en gran medida, el futuro de los más de 250 trabajadores que ya han quedado en una situación de incertidumbre tras la paralización total de la planta.
Desde el gremio, la postura fue contundente: “En audiencia quedó claro no solo que quieren llevar adelante una estafa empresarial, sino que el relato mentiroso solo les era caballo de batalla para confundir y romper la lucha”, denunciaron. Según los representantes sindicales, la empresa habría montado “un show mediático y puertas adentro para intimidar a los empleados” en lugar de presentar soluciones reales al conflicto.
El trasfondo de la disputa revela un escenario complejo que combina parálisis productiva, riesgo masivo de despidos y falta de acuerdos. Para los trabajadores, el objetivo inmediato es “visibilizar la situación crítica y exigir una intervención concreta del Estado” que garantice el respeto por los derechos laborales. La expectativa ahora está puesta en la cartera laboral provincial, que podría extender la conciliación obligatoria y ganar tiempo para encaminar una salida que preserve los empleos.
La crisis de Petroquímica Río Tercero no es un caso aislado, sino un síntoma de las tensiones estructurales que atraviesa la industria en Córdoba: caída de la demanda, costos financieros crecientes y procesos de reestructuración que, bajo discursos de modernización, suelen trasladar el ajuste al eslabón más débil, los trabajadores. La definición del Ministerio, en este contexto, no solo será clave para este conflicto, sino que marcará un precedente en la relación entre el Estado provincial, el sector privado y las organizaciones gremiales.
