Privatización en marcha: el Gobierno avanza en el desmantelamiento de Trenes Argentinos

La intención del Gobierno de Javier Milei de reconfigurar al Estado desde sus cimientos avanza con pasos firmes, y esta vez el foco está puesto en el sistema ferroviario nacional. La Secretaría de Transporte, encabezada por Luis Perrini, anunció este miércoles una poda drástica en Trenes Argentinos, con la promesa de un ahorro superior a los $60.000 millones en el último año.

Sin embargo, detrás del discurso de eficiencia y saneamiento, emerge un proceso de privatización que podría alterar profundamente la estructura y el objetivo social del servicio ferroviario en el país.

El comunicado oficial subraya un “plan integral de eficiencia y ordenamiento administrativo” que incluyó la eliminación de 277 cargos jerárquicos, la desvinculación de 1.897 empleados —lo que representa un recorte del 8% del personal—, y una reducción del 73% en el pago de horas extras.

También se detallan recortes en gastos como comunicaciones, seguridad privada y mantenimiento diario. La meta, según el Gobierno, es clara: dejar la empresa lista para atraer “capitales privados” que operen el servicio.

Detrás de los fríos números, la noticia revela una estrategia mucho más profunda: desmantelar progresivamente el sistema ferroviario público tal como lo conocemos. Aunque el relato oficial enfatiza la eficiencia, lo cierto es que el achicamiento del Estado en áreas clave como el transporte puede tener efectos sociales y económicos de gran impacto, especialmente en regiones donde el tren representa una conexión vital con los centros urbanos y un servicio que el sector privado, por criterios de rentabilidad, históricamente ha evitado.

La reducción de personal en un sector estratégico y tradicionalmente deficitario —pero esencial para la integración territorial— no puede leerse sin considerar el contexto de una política más amplia de privatizaciones, que avanza de manera silenciosa pero persistente. Lo que se presenta como un “saneamiento” es, en términos prácticos, una antesala para el traspaso de funciones al sector privado, que priorizará la eficiencia económica sobre la función social del servicio.

El recorte no es sólo presupuestario, es también ideológico. Se privilegia una visión de gestión empresarial sobre un enfoque de servicio público, y eso plantea serios interrogantes: ¿qué pasará con las líneas menos rentables? ¿Qué destino tendrán los trabajadores ferroviarios que siguen en la mira? ¿Podrá garantizarse la accesibilidad y regularidad del servicio bajo manos privadas?

El Gobierno ya anticipó que seguirá con los recortes hasta reducir la dotación de empleados por debajo de los 20.000. La decisión, tomada en nombre del ahorro, puede implicar costos mucho más altos en términos de cohesión social, conectividad territorial y sostenibilidad del sistema ferroviario nacional.

La privatización de Trenes Argentinos ya no es un proyecto futuro: es una realidad que se construye con despidos, achicamiento operativo y un discurso que oculta, bajo la bandera de la eficiencia, un profundo cambio estructural.