Presupuesto 2027: la oposición cuestionó ante el FMI el cálculo del superávit y el manejo de fondos públicos

El proyecto de Presupuesto 2027 queda atravesado por una discusión que excede la cifra del superávit. El punto central será determinar qué hay detrás de ese resultado, qué recursos quedan efectivamente disponibles y bajo qué reglas podrá decidir el Gobierno su utilización. El tratamiento legislativo será el ámbito en el que esas diferencias deberán ser debatidas y verificadas.

Diputados del principal bloque opositor enviaron una carta a Kristalina Georgieva en la que advierten sobre presuntas inconsistencias en las proyecciones fiscales. El planteo apunta al costo tributario del RIGI, a los fondos asignados a la Jurisdicción 91 y al fuerte incremento de la inversión financiera.

El proyecto de Presupuesto 2027 sumó un nuevo frente de discusión antes de su tratamiento parlamentario. Diputados de Unión por la Patria, entre ellos autoridades e integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, enviaron una carta a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y a otros funcionarios del organismo para advertir sobre lo que consideran inconsistencias, falta de transparencia y márgenes de discrecionalidad en la iniciativa oficial.

La presentación fue realizada mientras el Congreso comienza a analizar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Los legisladores aclararon que sus cuestionamientos se formulan incluso antes de completar una evaluación integral de los supuestos macroeconómicos, las estimaciones de recursos, el gasto primario y las fuentes y aplicaciones financieras.

Según la carta, el problema no estaría solamente en las metas fiscales proyectadas, sino también en la forma en que se construyen y presentan algunos de los números que sostienen el resultado esperado para 2027.

El RIGI, en el centro de la discusión sobre el superávit

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el resultado primario previsto por el Gobierno. El proyecto contempla un superávit de aproximadamente $15,4 billones, equivalente al 1,1% del PBI.

Los diputados opositores sostienen que esa cifra podría estar sobreestimada porque, a su criterio, no incorpora de manera suficiente el costo fiscal asociado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La estimación incluida en la carta calcula ese gasto tributario en unos USD 3.359 millones anuales, equivalente a alrededor de 0,49 puntos del PBI cuando el régimen alcance un nivel pleno de ejecución.

El argumento de los legisladores es que los beneficios fiscales otorgados a determinados proyectos de inversión pueden traducirse en una menor recaudación y, por lo tanto, deberían ser contemplados al momento de evaluar la consistencia del superávit proyectado.

El planteo se suma al debate sobre el impacto fiscal del RIGI, un régimen que establece beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para determinados proyectos de grandes inversiones.

El segundo punto señalado en la carta apunta a la denominada Jurisdicción 91, “Obligaciones a Cargo del Tesoro”.

De acuerdo con los datos citados por los legisladores, los recursos asignados a esa jurisdicción pasarían de unos $5,6 billones en 2026 a alrededor de $14,8 billones en 2027.

Dentro de ese monto, la oposición concentra su atención en aproximadamente $7,7 billones que, según sostiene, no estarían acompañados por metas físicas ni por un criterio de distribución suficientemente definido.

Para Unión por la Patria, esa estructura presupuestaria deja un margen considerable para que el Poder Ejecutivo determine durante el ejercicio el destino de determinados recursos.

La crítica apunta especialmente a la previsibilidad y al control parlamentario sobre esos fondos. La Jurisdicción 91 concentra obligaciones y asistencias financieras que se ejecutan desde el Tesoro, por lo que su composición y las reglas que regulan su utilización forman parte del debate sobre el grado de discrecionalidad de la administración presupuestaria.

Los diputados plantean, en particular, la necesidad de conocer con mayor precisión para qué se reservarán esos recursos y bajo qué criterios serán distribuidos.

El otro número bajo análisis: la inversión financiera

El tercer eje de la presentación está relacionado con la evolución de la inversión financiera neta.

Según los datos incluidos en la carta, ese concepto pasaría de $9,8 billones en 2026 a $17,4 billones en 2027, prácticamente duplicándose en términos nominales.

Los legisladores interpretan que este incremento podría implicar que una parte relevante de los recursos disponibles termine destinada a inversiones financieras temporarias, acumulación de fondos en caja y bancos u otras colocaciones financieras.

A partir de ese dato, cuestionan la consistencia de una estrategia que mantiene como objetivo el resultado fiscal positivo mientras, simultáneamente, aumenta el volumen de recursos destinados a operaciones financieras.

La pregunta planteada por la oposición es cuál sería la justificación económica de acumular liquidez o realizar inversiones financieras mientras existen reclamos y obligaciones pendientes en áreas como educación, discapacidad, infraestructura y cumplimiento de determinadas leyes de financiamiento.

La presentación ante el FMI introduce una dimensión adicional en el debate por el Presupuesto 2027. Ya no se trata únicamente de una discusión entre oficialismo y oposición dentro del Congreso: Unión por la Patria decidió trasladar sus objeciones a uno de los principales organismos financieros internacionales con los que Argentina mantiene una relación económica estratégica.

Los diputados buscan que el FMI tome conocimiento de los cuestionamientos antes de que avance el tratamiento parlamentario y ponen el foco en tres cuestiones: cómo se calcula el resultado fiscal, cuánto representan realmente los beneficios tributarios del RIGI y qué grado de discrecionalidad tendrá el Ejecutivo sobre determinadas partidas.

La carta, sin embargo, constituye la posición de los legisladores firmantes y no implica que el FMI haya validado sus observaciones. La consistencia de los cuestionamientos deberá contrastarse con las proyecciones oficiales, las planillas presupuestarias y la ejecución efectiva de los recursos durante el ejercicio.