Adorni buscó justificar su patrimonio ante la Justicia, pero persisten interrogantes sobre los dólares y obra de Indio Cuá
El eje de la causa, en definitiva, no pasa únicamente por cuánto dinero declaró Adorni, sino por si puede acreditar de manera documentada y verificable el origen, recorrido y destino de esos fondos. Esa será una de las claves para determinar cómo avanzará la investigación sobre su evolución patrimonial.
El exjefe de Gabinete presentó un escrito de 77 páginas para responder a las observaciones de la Fiscalía en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Su defensa atribuyó los dólares declarados a una inversión en Bitcoin realizada antes de su ingreso a la función pública y cuestionó el monto asignado a la remodelación de su vivienda.
Manuel Adorni presentó ante la Justicia una extensa explicación sobre la evolución de su patrimonio, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El escrito, de 77 páginas, intenta responder a los principales interrogantes planteados por la Fiscalía y reconstruye el origen de los dólares declarados, además de aportar una versión alternativa sobre el costo de la vivienda ubicada en el Country Indio Cuá.
Uno de los capítulos centrales de la presentación está relacionado con los dólares mantenidos en efectivo. En sus declaraciones patrimoniales, Adorni informó u$s565.000 al comienzo de 2023, u$s513.000 al cierre de ese año y u$s388.961,52 al finalizar 2024.
La Fiscalía había requerido precisiones sobre esos fondos, consignados bajo el concepto de “venta de activos”. La defensa rechazó que provinieran de la venta de un inmueble u otro bien físico y sostuvo que tuvieron su origen en la liquidación de ocho direcciones de Bitcoin.
Según la documentación presentada, esas operaciones representaron un total de u$s591.544,61. Los abogados sostienen que las billeteras estuvieron activas únicamente entre octubre de 2014 y septiembre de 2018 y que actualmente no poseen saldo. El argumento busca establecer una separación temporal entre la generación de esos recursos y el ingreso de Adorni al Estado, ocurrido el 10 de diciembre de 2023.
La defensa intenta así instalar una explicación según la cual los dólares declarados durante su etapa como funcionario no constituirían ingresos generados en el ejercicio de la función pública, sino el resultado de la conversión y posterior utilización de una inversión realizada varios años antes.
Para respaldar esa versión, Adorni habría acreditado ante escribano la titularidad de las ocho direcciones mediante mensajes firmados con las respectivas claves privadas. Además, entregó las claves en un sobre cerrado y lacrado, con el objetivo de que puedan ser utilizadas durante la investigación si la Justicia lo considera necesario.
Una inversión previa al ingreso al Estado
De acuerdo con el escrito, el dinero utilizado originalmente para adquirir Bitcoin provenía de ahorros acumulados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, durante su actividad profesional en el sector privado.
La primera compra registrada habría sido por u$s1.897,20 en 2014, mientras que la operación de mayor volumen se produjo en 2017, cuando se habrían destinado u$s199.883,20 a la adquisición de criptomonedas.
La defensa también sostiene que la liquidación posterior se realizó en efectivo y mediante operaciones directas. Entre los movimientos mencionados figura una operación realizada el 5 de agosto de 2017 por u$s296.785,46.
El documento intenta reconstruir, además, el recorrido posterior de esos fondos. De los u$s513.000 declarados al cierre de 2023, el patrimonio en efectivo habría descendido a u$s388.961,52 en 2024 y a u$s209.961,52 en 2025, producto —según la explicación de los abogados— de inversiones, gastos y adquisiciones.
El segundo eje de la presentación está puesto en el lote 380 del Country Indio Cuá y en la construcción y remodelación de la vivienda.
La defensa afirma que el terreno fue adquirido por u$s120.000. De ese total, u$s100.000 habrían sido financiados mediante un mutuo con garantía hipotecaria sobre un inmueble ubicado en la calle Asamblea, mientras que los u$s20.000 restantes fueron abonados en efectivo.
En las declaraciones juradas rectificativas presentadas el 10 de junio de 2026, Adorni y su esposa incorporaron cada uno el 50% tanto del activo como de la deuda hipotecaria vinculada a la operación.
Sin embargo, el principal punto de discusión aparece en torno al costo de las obras realizadas en la propiedad.
La Fiscalía había solicitado explicaciones respecto de los u$s245.000 que, según el requerimiento, habrían sido abonados al contratista Matías Tabar. La defensa cuestionó esa cifra y sostuvo que no coincide con la documentación incorporada a la causa.
Según el análisis realizado por los abogados, una de las planillas aportadas por el propio contratista arrojaría un total de u$s285.929 y no de u$s245.929. La diferencia de u$s40.000 es presentada por la defensa como un monto sin explicación ni respaldo documental suficiente.
A partir de allí, el escrito enumera una serie de observaciones sobre la documentación de la obra: diferencias entre planillas, gastos sin comprobantes, remitos con fechas anteriores al inicio de los trabajos, materiales enviados a domicilios diferentes, facturas emitidas a nombre del propio contratista y falta de presupuestos alternativos.
También menciona dos mamparas que, de acuerdo con la presentación, fueron presupuestadas y abonadas pero finalmente no habrían sido instaladas.
La defensa reduce el costo de la obra
Más allá de esas inconsistencias documentales, la estrategia de los abogados apunta a modificar sustancialmente la cifra atribuida inicialmente a la remodelación.
La defensa sostiene que el dinero efectivamente entregado a Tabar fue de u$s175.000 y que ese monto surge de la reconstrucción contable de los desembolsos realizados.
A esa explicación suma un informe elaborado por un arquitecto contratado por los propios defensores. El profesional estimó en u$s174.954,58 el valor de mercado de la obra.
La cercanía entre ambas cifras —apenas u$s45,42 de diferencia— es presentada por la defensa como un elemento clave para sostener que el costo real de los trabajos habría rondado los u$s175.000 y no los montos que inicialmente fueron observados.
El expediente incorpora además la declaración del propio Tabar. Según la defensa, el contratista reconoció que el presupuesto original sufrió modificaciones durante el desarrollo de la obra y que algunos pagos fueron efectuados en efectivo y sin recibos.
La presentación de Adorni intenta cerrar dos de los principales interrogantes planteados en la investigación: por un lado, el origen de los dólares declarados como producto de la “venta de activos”; por otro, el verdadero costo de la obra realizada en Indio Cuá.
La defensa sostiene que el dinero provino de una inversión en Bitcoin iniciada muchos años antes del ingreso de Adorni a la función pública y que la remodelación de la vivienda costó sustancialmente menos de lo señalado inicialmente en el expediente.
Sin embargo, se trata de explicaciones presentadas por la propia defensa en una investigación que continúa abierta. La documentación aportada, la trazabilidad de los fondos, la consistencia de las operaciones con criptomonedas y las diferencias detectadas en torno a la obra deberán ser analizadas por la Justicia.
