El Senado redefine las Zonas Frías y limita el alcance de los subsidios al gas

La discusión no termina con la sanción de la ley. El verdadero impacto de la reforma se verá en los próximos meses, cuando los nuevos criterios comiencen a reflejarse en las facturas y quede expuesto qué hogares conservarán el subsidio, cuáles lo perderán y cuánto representará ese cambio en sus gastos mensuales.

El Senado aprobó este jueves la reforma del régimen de Zonas Frías, una modificación que cambia de manera significativa el criterio utilizado para subsidiar el consumo de gas en distintos puntos del país.

La iniciativa, que ya contaba con media sanción de Diputados, obtuvo 38 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención, luego de las negociaciones entre el oficialismo y bloques aliados.

La nueva normativa abandona parcialmente el criterio territorial que había determinado durante años quiénes accedían al beneficio y avanza hacia un esquema basado principalmente en los ingresos y la situación socioeconómica de los usuarios.

El cambio implica que numerosas regiones que habían sido incorporadas al régimen dejarán de contar con un descuento generalizado y deberán acreditar condiciones de vulnerabilidad para conservarlo.

El debate estuvo atravesado por una fuerte disputa política. El bloque peronista decidió abandonar el recinto antes del tratamiento del proyecto. El senador José Mayans cuestionó la iniciativa y sostuvo que su postura buscaba un esquema que contemplara al conjunto de las provincias.

Uno de los principales cambios consiste en que, para las zonas consideradas templadas e intermedias, el subsidio quedará condicionado a que el hogar registre ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales (CBT) correspondientes a un hogar tipo 2 del INDEC.

Según los valores contemplados en el proyecto, ese límite equivale aproximadamente a $4,4 millones mensuales para una familia de cuatro integrantes.

También se establecen mecanismos de acceso automático o sujeto a evaluación para determinados grupos. Los hogares que tengan entre sus integrantes a un veterano de Malvinas con pensión vitalicia o a una persona registrada mediante el Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP accederán al beneficio sin que el nivel de ingresos sea determinante.

En el caso de los hogares con integrantes que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD), el acceso quedará sujeto a una evaluación posterior de la Secretaría de Energía.

El cambio de criterio supone una transformación relevante: el frío deja de ser, por sí mismo, la principal condición para acceder al subsidio y gana peso la capacidad económica de cada usuario.

Patagonia y Puna mantienen el beneficio general

La reforma no elimina el régimen para todos los territorios. La Patagonia, Malargüe y la Puna conservarán el beneficio residencial general, mientras que las regiones incorporadas durante la ampliación de 2021 quedarán sujetas al nuevo esquema de segmentación.

En esos territorios, el subsidio dejará de estar determinado únicamente por la ubicación geográfica y dependerá de que los usuarios cumplan con los requisitos establecidos por el Sistema de Evaluación Federal (SEF).

El cambio abre una discusión de fondo sobre el diseño de los subsidios energéticos. El argumento detrás de la modificación es concentrar los recursos públicos en quienes presentan mayores necesidades económicas, pero la transición también puede traducirse en facturas más elevadas para hogares que hasta ahora contaban con un beneficio por su ubicación territorial.

El subsidio ya no se aplicará sobre toda la factura

Otro aspecto relevante de la reforma es la modificación de la base sobre la cual se calcula el descuento. El beneficio pasará a aplicarse exclusivamente sobre el componente correspondiente al precio del gas, y no sobre el total de la factura emitida por las distribuidoras.

Esto implica que el impacto final sobre el monto que pagan los usuarios dependerá también de los restantes componentes de la factura, como transporte, distribución e impuestos.

La norma incorpora además una extensión hasta 2045 de los incentivos destinados al desarrollo de energías renovables, mientras que suma un mecanismo financiero para facilitar la regularización de las deudas que las distribuidoras eléctricas mantienen con CAMMESA.

La aprobación del proyecto representa algo más que una modificación administrativa del régimen de Zonas Frías.

En los hechos, el Congreso avanzó hacia una redefinición del criterio con el que el Estado asigna los subsidios energéticos: de un sistema basado fundamentalmente en la geografía a otro que pretende focalizar la asistencia según la vulnerabilidad económica.

El desafío estará en determinar si esa focalización permite utilizar de manera más eficiente los recursos públicos sin trasladar un aumento significativo del costo energético a hogares que, aunque no encajen en los nuevos parámetros de vulnerabilidad, todavía enfrentan dificultades para absorber mayores tarifas.