Presión judicial y social obligó al Gobierno a dar marcha atrás y reactivar pagos del programa Volver al Trabajo

En una señal de retroceso político, el Gobierno nacional resolvió acatar una orden judicial y garantizar el pago del programa Volver al Trabajo, en una decisión que expone los límites de su estrategia de ajuste frente a la presión combinada de la Justicia y la protesta social.

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, confirmó que desembolsará cerca de 72 mil millones de pesos para cubrir el beneficio de $78.000 destinado a más de 950 mil personas, con fecha límite el 7 de mayo. La medida responde a una cautelar emitida por el Juzgado Federal de Campana, que obligó al Ejecutivo a restituir los pagos.

El giro contrasta con la postura que la administración de Javier Milei había sostenido en otros conflictos judiciales recientes, donde optó por resistir o dilatar el cumplimiento de fallos adversos. En este caso, la combinación de un inminente escenario de conflictividad —con más de 200 cortes anunciados en todo el país— y el carácter alimentario del beneficio terminó inclinando la balanza.

La resolución, formalizada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, no solo implica un alivio inmediato para los beneficiarios, sino que también revela la fragilidad del margen político del Gobierno para avanzar con recortes en áreas sensibles. El programa, que funciona como ingreso básico para cientos de miles de familias, se convirtió en un punto de tensión central entre el Ejecutivo y las organizaciones sociales.

Espacios como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y el Frente de Lucha Piquetero capitalizaron la decisión como un triunfo de la movilización, aunque advirtieron que el conflicto de fondo permanece abierto. La advertencia no es menor: el propio Gobierno aclaró que los pagos se mantendrán hasta que exista una sentencia definitiva, lo que deja latente la posibilidad de nuevos recortes.