Precarización en el puerto: Ostramar despide a 50 fileteros y ofrece reincorporarlos “en negro”
El conflicto de Ostramar, lejos de ser un hecho aislado, es un espejo incómodo de la transformación silenciosa que atraviesa el puerto marplatense: menos empleo formal, más precariedad y un futuro laboral marcado por la incertidumbre.
La crisis laboral en la industria pesquera marplatense vuelve a quedar expuesta con crudeza. La empresa Ostramar, perteneciente al Grupo Caputo, despidió a 50 fileteros registrados y les propuso un acuerdo que vulnera la ley: pagarles apenas la mitad de la indemnización correspondiente en cuotas y reincorporarlos sin registrar, en condiciones de total informalidad.
La maniobra, denunciada por el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP), fue rechazada de plano y generó una protesta frente a la casa de la dueña de la firma, Marcela Caputo.
Los trabajadores afectados llevaban tres meses sin tareas ni cobro del garantizado, hasta que recibieron la notificación de despido. El ofrecimiento patronal de reincorporación “por fuera del sistema” revela lo que los gremios califican como una “reforma laboral de hecho”: la sustitución de empleo registrado por esquemas precarios y sin derechos.
El caso de Ostramar no es aislado. En el puerto de Mar del Plata se multiplican experiencias similares: empresas como Apolo Fish, Gaveteco, Fishing Ground MDQ o Sur Trade ya recurrieron a mecanismos de cierre y reapertura con personal informal. Lo que en los hechos significa una pérdida de derechos laborales conquistados durante décadas y una presión creciente sobre los sindicatos.
No es la primera vez que Ostramar queda en el centro de un conflicto: en 2023, un grupo de 17 trabajadores precarizados de la cooperativa Owencoop mantuvo un acampe de 73 días frente a la planta en reclamo por el reconocimiento de su relación de dependencia. Ahora, la escala del conflicto es mayor y amenaza con sentar un precedente peligroso en la principal rama productiva de la ciudad.
La oferta empresarial no solo viola la legislación laboral vigente, sino que refleja una tendencia más amplia: trasladar los costos de la crisis a los trabajadores, consolidando la precarización como norma. En una ciudad donde la pesca constituye uno de los pilares de la economía, la desprotección de cientos de fileteros es también una alerta sobre el modelo de desarrollo que se intenta imponer bajo la excusa de la “competitividad”.
