Polémica por millonaria adjudicación a una empresa de la familia Menem para custodiar el Banco Nación
La contratación, publicada en el Boletín Oficial el 4 de julio, asigna a la firma la tarea de vigilancia en la sede central del banco estatal y otras instalaciones clave.
La adjudicación de un contrato de casi $4.000 millones por parte del Banco Nación a Tech Security SRL, una empresa vinculada a la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desató fuertes cuestionamientos y pone nuevamente bajo la lupa la relación entre poder político y negocios privados en la Argentina.
Aunque Martín Menem cedió su participación accionaria en la empresa a su hermano el 6 de diciembre de 2023 —a solo días de asumir su cargo como titular de la Cámara baja—, el dato no alcanza para disipar el conflicto de intereses que suscita esta licitación. Hasta esa fecha, figuraba como socio junto a sus hermanos Adrián y Fernando Menem, lo que revela una conexión directa entre el actual funcionario nacional y la compañía beneficiada por un contrato público millonario.
El caso expone un delicado entramado ético que trasciende lo legal. La desvinculación formal de Martín Menem no borra el hecho de que su familia inmediata sigue ligada a la empresa, y que la adjudicación se dio apenas siete meses después de su renuncia al paquete accionario. La cercanía temporal y familiar es suficiente para levantar sospechas sobre la transparencia del proceso y sobre los verdaderos márgenes de influencia que persisten en las estructuras estatales.
Tech Security SRL no es una desconocida en el ámbito privado ni estatal. Según su propio sitio web, opera desde hace 19 años y ha prestado servicios de seguridad a instituciones relevantes como la AFA, los clubes River Plate y Racing, museos, hospitales, barrios privados y entes públicos como el Belgrano Cargas y la Biblioteca Nacional. También mantiene contratos con municipios como el de Vicente López. Actualmente cuenta con unos 500 empleados.
Pero esa trayectoria no elimina los interrogantes que genera que una firma tan estrechamente vinculada a una figura central del oficialismo reciba semejante volumen de fondos estatales. En una gestión que ha hecho de la austeridad y la lucha contra los privilegios un discurso recurrente, la licitación a una empresa familiar suena contradictoria. El Gobierno libertario ha promovido una narrativa de ruptura con la «vieja política», pero este caso parece reproducir prácticas clásicas de favoritismo, aunque envueltas en un marco legal formalmente correcto.
La ausencia de un blindaje ético real —por ejemplo, la imposibilidad de participar en licitaciones públicas para empresas relacionadas con familiares de altos funcionarios— abre la puerta a sospechas de direccionamiento o trato privilegiado. La falta de explicaciones públicas por parte del Gobierno o del propio Martín Menem sobre esta adjudicación agrava el cuadro y refuerza la percepción de opacidad.
El contrato contempla la seguridad de la casa matriz del Banco Nación, ubicada en Bartolomé Mitre al 300, el edificio Maipú, la sede institucional que frecuentan los funcionarios del banco y la sucursal del Aeroparque Jorge Newbery, entre otros puntos sensibles. La magnitud del servicio contratado —y de los fondos públicos implicados— vuelve aún más urgente una revisión de los mecanismos que garantizan la imparcialidad en las contrataciones del Estado.
Este episodio no solo plantea dudas sobre una operación puntual, sino que lanza una señal preocupante: incluso en un gobierno que llegó prometiendo cortar con los privilegios del poder, la lógica de los vínculos familiares y los beneficios empresariales sigue más viva que nunca. La transparencia no se declama, se ejerce. Y, hasta el momento, la respuesta oficial ante esta polémica brilla por su ausencia.
