Parrilli denunció una regresión autoritaria y acusa al Gobierno de romper el pacto democrático

El senador nacional Oscar Parrilli (Unión por la Patria) lanzó duras críticas contra el Gobierno de Javier Milei tras los operativos de las fuerzas de seguridad que impidieron o demoraron la llegada de manifestantes a la movilización en Plaza de Mayo en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner.

En una intervención encendida, el legislador neuquino acusó al oficialismo de «romper el pacto democrático» sellado en 1983 y de avanzar hacia un “estado de sitio no declarado”.

“Esto me hace acordar a lo que pasaba durante la dictadura militar, cuando Gendarmería y todas las fuerzas te paraban, te retenían, te revisaban los bolsos y la documentación”, advirtió Parrilli en diálogo con Radio Splendid.

La comparación no fue casual: el ex secretario general de la Presidencia durante el gobierno de Cristina Fernández trazó un paralelo explícito entre los actuales controles a manifestantes —especialmente el freno a micros y la identificación de pasajeros en estaciones como Constitución— y los mecanismos de represión de los años más oscuros de la historia reciente.

El senador denunció que estas acciones, enmarcadas en el protocolo antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, vulneran los derechos fundamentales y restringen libertades elementales. “Creen que con esto van a atemorizar a la gente, pero lo que hacen es darnos más fuerza y más bronca ante las injusticias del Gobierno de Milei”, aseguró.

Parrilli también cargó contra el reciente anuncio de la transformación de la Policía Federal en un Departamento Federal de Investigaciones (DFI), iniciativa que calificó como un intento de establecer un “estado de sitio encubierto” y de avanzar en el control social mediante herramientas institucionales que exceden el marco democrático. “Hoy la democracia está limitada, está bajo riesgo”, sentenció.

En el mismo tono, consideró que la prisión domiciliaria dictada para Cristina Kirchner —confirmada tras el fallo de la Corte Suprema que ratificó su condena en la causa Vialidad— fue gestionada para evitar una demostración de fuerza popular. “Le tienen miedo a la gente. Por eso la notificaron por Zoom y no la hicieron ir a Comodoro Py, donde la caravana iba a ser impresionante”, sostuvo. “Pero como igual querían humillarla, le impusieron la tobillera, le restringieron las visitas y le prohibieron salir al balcón. Son torpes, burdos, y la historia les va a pasar por encima”, remató.

Finalmente, Parrilli anunció que el peronismo impulsará la consigna “Cristina inocente, Cristina libre” como símbolo de resistencia frente a lo que describió como una persecución judicial y política. “Este pseudo Poder Judicial, aliado a grupos económicos enquistados en el Gobierno, está llevando al país por un camino muy peligroso”, advirtió.

En un contexto de creciente tensión institucional, las declaraciones de Parrilli ponen en foco un problema de fondo: ¿hasta qué punto las políticas de seguridad y orden del Gobierno respetan el marco de la legalidad democrática? La advertencia no es menor. En tiempos en que el malestar social crece y el conflicto político se intensifica, la línea entre autoridad y autoritarismo puede tornarse peligrosamente delgada.