Paro total en Tierra del Fuego: el precio oculto de la “tecnología accesible” de Milei
Tierra del Fuego amaneció este miércoles completamente paralizada. La imagen no es solo la de fábricas cerradas y calles sin transporte: es la de una provincia entera en pie de lucha. Con un paro general convocado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ASIMRA y una veintena de gremios provinciales, la protesta fueguina representa mucho más que un reclamo sectorial. Es, en esencia, una advertencia: las decisiones económicas del Gobierno nacional no se toman en abstracto; tienen consecuencias concretas, y esta vez amenazan con desmantelar uno de los últimos bastiones de producción industrial nacional.
La medida que encendió la mecha llegó en forma de decreto y fue publicada esta semana en el Boletín Oficial. El gobierno de Javier Milei eliminó aranceles e impuestos internos para la importación de productos electrónicos, como celulares, televisores y aires acondicionados.
El argumento es conocido: mayor competencia, precios más bajos y acceso “democratizado” a la tecnología. Sin embargo, la letra chica del decreto revela otro escenario: uno en el que más de 6.000 puestos de trabajo están en juego, y un ecosistema industrial construido durante décadas podría desmoronarse en cuestión de meses.
La isla, que produce más del 87% de la electrónica ensamblada en el país, ya había comenzado a sentir el impacto de la recesión y la caída del consumo. Pero con esta nueva normativa, el golpe es estructural. No se trata de una crisis pasajera, sino de un cambio de reglas que beneficia directamente a las multinacionales extranjeras, en desmedro de la industria nacional.
La ecuación es sencilla: mientras una barcaza china puede inundar el mercado argentino sin aranceles, una fábrica en Río Grande deberá competir pagando salarios locales, manteniendo convenios colectivos y cumpliendo regulaciones ambientales y laborales.
El paro general, inédito en su magnitud en la provincia, fue acompañado por un acto central frente a la planta de Mirgor —uno de los principales empleadores locales— y un documento que acusa al Gobierno de “desguazar el régimen de promoción industrial” fueguino.
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, fue tajante: “Están desmantelando el régimen”. La senadora Cristina López, por su parte, vinculó las medidas a “exigencias del FMI”, mientras que el gobernador Gustavo Melella advirtió que la situación “pone en riesgo la estabilidad de miles de familias”.
La narrativa oficial, sin embargo, no se inmuta. Desde la Casa Rosada defienden la liberalización como una vía para bajar el “costo argentino” y hacer más accesible la tecnología. Pero lo que no dicen es que esa accesibilidad se logra a costa de empleos industriales, del desarrollo federal y del entramado productivo que sostiene a comunidades enteras.
Lo que está en juego no es solo el régimen fueguino, sino una idea de país. Una en la que el trabajo, la producción y la industria nacional tienen un lugar en la economía, frente a otra en la que todo puede importarse más barato, aunque se pague con desempleo y desindustrialización.
El paro en Tierra del Fuego es un grito colectivo ante una política que, bajo el manto de la eficiencia, amenaza con borrar del mapa a una provincia que no quiere volver a ser solo frontera.
