10 de mayo de 2026

Organizaciones sociales y sindicales advierten al FMI que la deuda no podría pagarse en el futuro

La entrega de esta carta representa un llamado a la comunidad internacional para que se tomen en cuenta las preocupaciones de la sociedad civil argentina en el marco de negociaciones que, según ellos, carecen de legitimidad y pueden tener repercusiones negativas en el futuro del país.

Las Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA) y diversas organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos expresaron su firme rechazo al nuevo acuerdo que el gobierno argentino planea firmar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). En una carta enviada al FMI y a las Naciones Unidas, advirtieron que dicho acuerdo podría no ser pagado en el futuro debido a su «ilegalidad e ilegitimidad de origen».

El comunicado, que lleva las firmas de destacados líderes sindicales y sociales, destaca que el acuerdo anunciado por el Gobierno elude el marco normativo nacional, impidiendo así un debate transparente y democrático en el Congreso. Las organizaciones denunciaron que este mecanismo violaría los artículos 75 de la Constitución Nacional, que establece que cualquier programa de financiamiento con el FMI debe contar con la aprobación del Parlamento.

La carta también señala que la gestión del presidente Javier Milei, ante la falta de apoyo legislativo, opta por esta vía para evitar la discusión parlamentaria. Las organizaciones consideran que «el abuso del uso de esta herramienta no admite matices» y subrayan la importancia de mantener el respeto por los procedimientos democráticos.

Además, en su misiva, recordaron el contexto de la firma del acuerdo de 2018 entre Argentina y el FMI, que, según indican, no logró estabilizar la economía nacional, sino que resultó en un ciclo de recesión que afectó gravemente a la población. Los firmantes de la carta exigen el rechazo del nuevo acuerdo, advirtiendo que puede ser repudiado por futuras administraciones.

Entre las organizaciones que apoyan esta iniciativa se encuentran la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la Federación Gráfica Bonaerense, y muchos otros colectivos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y laborales.

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