Ofensiva legislativa del peronismo: el proyecto busca blindar el salario y reducir las horas de trabajo
Bajo la coordinación de la diputada Vanesa Siley y con el respaldo de referentes del Senado como Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, el peronismo impulsa una «contrarreforma» laboral.
Frente a la inminencia del debate parlamentario sobre los cambios en las leyes del trabajo, el bloque de Unión por la Patria ha articulado una propuesta alternativa que pretende revertir la lógica del Ejecutivo nacional.
Este proyecto no solo rechaza la flexibilidad propuesta por el oficialismo, sino que se asienta sobre tres pilares fundamentales: la recuperación del poder de compra, el bienestar físico y mental de los trabajadores y la modernización del sistema mediante la reducción de la jornada laboral.
El fundamento político de esta iniciativa parte de un diagnóstico crítico que busca desarticular lo que la oposición denomina el «latiguillo» de la flexibilización. Para el PJ, la precarización no es el motor de la creación de empleo genuino; por el contrario, sostienen que los salarios insuficientes han empujado a la clase trabajadora hacia la pluriactividad y la informalidad para subsistir.
El proyecto plantea que el Salario Mínimo, Vital y Móvil debe cumplir estrictamente con su definición constitucional, cubriendo el costo total de la Canasta Básica, una cifra que hoy triplica el haber mínimo actual. Asimismo, se defiende la soberanía de las paritarias libres, rechazando cualquier intento de imponer techos salariales o modalidades de pago que no sean exclusivamente monetarias.
En cuanto a la organización del tiempo de trabajo, el peronismo propone un cambio de paradigma: reducir la jornada legal de 48 a 42 horas semanales, con la meta de alcanzar las 40 horas en el corto plazo.
El argumento central es que el avance de la inteligencia artificial y la digitalización permite optimizar la productividad sin necesidad de extender los turnos laborales, contradiciendo la intención oficial de habilitar jornadas de hasta 12 horas. Para los autores del proyecto, una menor carga horaria no es una concesión ideológica, sino una necesidad lógica para mitigar el estrés, la fatiga y el deterioro de la salud mental que afecta actualmente a los empleados.
Finalmente, la propuesta incorpora una fuerte impronta de equidad y prevención social. Se destaca la ampliación de la licencia por paternidad a 90 días, financiados por la seguridad social para no generar costos extra al empleador, buscando igualar responsabilidades familiares y proteger también a los monotributistas.
En paralelo, el proyecto exige la creación de comités mixtos de seguridad e higiene en empresas de mayor envergadura, con el fin de que los sindicatos y los empresarios aborden de manera conjunta los riesgos psicosociales.
Con esta estrategia coordinada entre ambas cámaras, el peronismo intenta unificar una postura opositora que desplace el eje de la discusión desde la reducción de costos hacia el fortalecimiento de la protección social y humana.
