«Ni en la dictadura»: la CGT repudió el cierre de la sala de prensa en Casa Rosada
La reacción de distintos actores —sindicatos, dirigentes políticos y organizaciones civiles— sugiere que el conflicto está lejos de disiparse y podría profundizarse tanto en el terreno político como en el judicial.
La decisión del gobierno de Javier Milei de restringir el ingreso de periodistas a la Casa Rosada y clausurar la sala de prensa abrió un nuevo frente de conflicto político e institucional, con fuertes cuestionamientos desde el sindicalismo, la oposición y distintos sectores vinculados a la defensa de la libertad de expresión.
La medida, justificada oficialmente en el marco de una investigación por presunto “espionaje ilegal”, implica que ningún trabajador de prensa acreditado podrá acceder al edificio hasta que finalice un proceso de revisión de credenciales.
Sin embargo, la decisión fue interpretada por amplios sectores como un avance sobre el ejercicio periodístico y el acceso a la información pública.
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) el rechazo fue inmediato y contundente. La central obrera calificó la medida como un hecho de “extrema gravedad institucional” y advirtió que se trata de un retroceso inédito, incluso en comparación con períodos autoritarios del pasado. La crítica no solo apunta al cierre físico del acceso, sino también al mensaje político que implica limitar la cobertura directa de la actividad presidencial.
El conflicto se amplificó en el plano judicial luego de que la diputada Marcela Pagano presentara una denuncia penal contra el Presidente, argumentando que la Casa Rosada es un espacio público y que impedir el ingreso de la prensa afecta derechos fundamentales. En paralelo, también generó polémica la denuncia impulsada desde el propio Gobierno contra periodistas que habían difundido imágenes del interior del edificio.
Este episodio no aparece aislado, sino como parte de una relación cada vez más tensa entre el oficialismo y los medios de comunicación. En las últimas semanas ya se habían registrado restricciones a determinadas coberturas, lo que alimenta la percepción de una escalada en el control del flujo informativo.
En ese contexto, la decisión de cerrar completamente la sala de prensa funciona como un punto de inflexión: no solo limita la tarea cotidiana de los periodistas, sino que plantea interrogantes más amplios sobre la transparencia gubernamental y los mecanismos de rendición de cuentas.
