Motosierra a trabajadores: Sturzenegger propone a empresarios dinamitar los convenios colectivos y regionalizar salarios

La pregunta que deja la intervención de Sturzenegger es inquietante: ¿quiere el Gobierno transformar a la Argentina en un campo de libre competencia entre trabajadores precarizados y empresarios sin límites? O, dicho de otro modo, ¿puede construirse un país “normal”, como lo prometen, desmantelando los pilares básicos del contrato social?

En una muestra más de la hoja de ruta libertaria que Javier Milei traza desde la Casa Rosada, el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a exponer sin rodeos la estrategia oficial para el mercado laboral: romper los convenios colectivos de trabajo y avanzar hacia una negociación salarial por regiones y productividad.

Lo hizo frente a un auditorio empresarial en el evento del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP), donde también llamó a los empresarios a convertirse en “socios” de la famosa “motosierra”.

¿Flexibilidad o desguace de derechos?

La propuesta, que busca terminar con los acuerdos sectoriales nacionales que regulan las condiciones laborales desde hace décadas, se inscribe en una avanzada ideológica que apunta a fragmentar el poder de negociación de los trabajadores, debilitando a los sindicatos y transformando el salario en una variable de ajuste regional.

Al plantear negociaciones “por región y por productividad”, el Gobierno busca instalar un nuevo paradigma: que el trabajador gane menos en zonas menos desarrolladas y que las condiciones de empleo dejen de estar protegidas por un marco nacional común. Lejos de una discusión técnica, lo que está en juego es la arquitectura institucional del derecho laboral argentino.

La idea no es nueva: ya había sido esbozada en documentos del think tank libertario que diseñó el DNU 70/2023. Sin embargo, ahora toma forma con el impulso de un ministro con peso político y una reforma laboral en preparación.

La industria del juicio como enemigo, la motosierra como solución

Sturzenegger también celebró que, gracias a la Ley Bases, el oficialismo logró enfrentar lo que denominó la “industria del juicio” y los costos indemnizatorios. En un discurso donde el derecho laboral aparece como traba y no como garantía, el ministro insistió en que los empresarios no deberían pedir menos impuestos, sino exigir menos Estado.

Así, el ministro trasladó a los privados la responsabilidad de ser actores activos en la reducción del Estado, no sólo desde lo fiscal, sino también desde lo normativo y laboral. La motosierra, que empezó con el recorte de planes y subsidios, ahora apunta a redefinir el sistema de relaciones laborales desde sus cimientos.

Las palabras de Sturzenegger no fueron casuales. Llegan en un momento donde el Gobierno apuesta a ampliar su poder en el Congreso tras las elecciones legislativas. Para avanzar con la reforma laboral de fondo que Milei anhela, necesitará no sólo mayorías parlamentarias, sino el respaldo activo del establishment que, por ahora, observa con expectativa, pero también con cautela.

Con sus dichos, el ministro lanza una convocatoria implícita: romper el consenso histórico que dio forma al derecho del trabajo argentino. Es una propuesta audaz, que puede entusiasmar a algunos sectores empresariales, pero también encenderá alertas entre trabajadores, gremios y expertos laborales.

Una apuesta de alto riesgo

La estrategia oficial de regionalización salarial, el desarme de los convenios colectivos y el ataque frontal al “costo laboral” encajan en una lógica de maximización empresarial, pero colisionan con principios constitucionales y convenios internacionales que garantizan condiciones de igualdad y protección para los trabajadores.