Misteriosa privatización de YPF: Una empresa sin antecedentes gana áreas estratégicas en Mendoza y despide a 900 trabajadores

Una turbia operación en el corazón de la industria petrolera argentina ha encendido las alarmas en el sector laboral y gremial.

La denuncia del Sindicato de Petroleros Privados de Mendoza contra la empresa Petróleos Sudamericanos revela una privatización express y opaca de seis áreas de YPF en la provincia, una maniobra que, según el gremio, ha costado el empleo a cerca de 900 trabajadores.

Lo que ha denunciado el sindicato, liderado por Gabriel Barroso, es un proceso que levanta sospechas desde su origen. Petróleos Sudamericanos, una empresa de la que el gremio afirma no tener «antecedentes en la actividad», se habría quedado con seis zonas maduras, entre ellas Barrancas, Vizcacheras y La Ventana, a través de una licitación que se resolvió de forma repentina.

La crítica es contundente: ¿cómo una firma sin trayectoria conocida en el sector petrolero consigue la adjudicación de «los cluster más grandes» de la región? La falta de transparencia en este proceso es un punto central de la denuncia, sugiriendo que la decisión no se basó en la experiencia o capacidad operativa, sino en otros factores.

Pero el problema no termina con la adjudicación. La nueva empresa, según el sindicato, ha iniciado una ola de despidos masivos, dejando sin empleo a casi mil trabajadores. El sindicato afirma que la empresa entró en las operaciones y, de inmediato, dejó a las compañías contratistas con la carga de las indemnizaciones, una práctica que califica de «grosera» y de una «falta de empatía» total.

Este accionar no solo evidencia la precarización del mercado laboral, sino que también revela una estrategia empresarial que prioriza la reducción de costos por encima de la estabilidad de los trabajadores, sin mostrar interés en el diálogo o la búsqueda de soluciones conjuntas.

Este caso, en el contexto de una política de privatizaciones y desregulación económica, muestra las consecuencias directas de transferir activos estratégicos del Estado sin la debida supervisión. El «stand by» de once meses que los trabajadores y empresas contratistas venían soportando, con la esperanza de una resolución, culminó en un escenario de total desprotección.

El Sindicato de Petroleros Privados ha dejado claro que es un hecho sin precedentes y que esta situación pone en jaque la viabilidad de cualquier proyecto futuro si se realiza sin la mano de obra calificada de la región. La denuncia no solo es un llamado de atención sobre la situación laboral, sino un interrogante sobre el futuro de la política energética del país.