Milei vetará la Ley de Emergencia en Discapacidad: ajuste fiscal sin miramientos ni sensibilidad social

En una nueva señal de endurecimiento del ajuste fiscal, el Gobierno nacional confirmó que el presidente Javier Milei vetará la Ley de Emergencia en Discapacidad si es aprobada por la Cámara de Diputados.

El anuncio fue realizado este miércoles por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante un encuentro con empresarios organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), apenas minutos después de que la oposición lograra el quórum necesario para debatir el proyecto junto a otras iniciativas clave como una nueva moratoria previsional y un bono para jubilados.

«Vetará lo que el Congreso vote sobre discapacidad y todo lo que afecte al equilibrio fiscal», afirmó Francos ante una audiencia compuesta por representantes del poder económico, entre ellos directivos de Clarín, McKinsey, Acindar y Quickfood. La declaración, lejos de ser una expresión técnica de política económica, revela el perfil ideológico del Gobierno: un Estado que renuncia a proteger a los más vulnerables en nombre del déficit cero.

Un veto anunciado desde los escritorios del poder corporativo

La elección del lugar y el tono para comunicar el veto no fue casual. En un almuerzo cerrado con empresarios, Francos explicó que la ley de emergencia —que busca garantizar prestaciones, tratamientos y asistencia a personas con discapacidad en un contexto crítico de recortes y devaluación— es, sencillamente, inviable. “Son temas que sensibilizan a la sociedad, pero el Estado no puede pagarlos salvo que volvamos a emitir dinero o endeudarnos”, justificó.

La argumentación, aunque vestida de realismo económico, oculta una decisión política: en el modelo libertario, los derechos sociales se subordinan por completo a los números del Excel fiscal. La presencia de los principales referentes del empresariado argentino como testigos del anuncio no hace más que reforzar el rumbo: el ajuste no es solo una necesidad económica, sino una bandera ideológica.

Una política que ignora a los más vulnerables

El anuncio generó un fuerte rechazo entre organizaciones de personas con discapacidad, sindicatos y sectores de la oposición, que consideran inaceptable que se niegue ayuda a quienes más lo necesitan. La Ley de Emergencia en Discapacidad, impulsada por diversos bloques legislativos y respaldada por entidades del sector, busca responder al colapso de los servicios esenciales tras los recortes presupuestarios, los atrasos en pagos a prestadores y la falta de cobertura en transportes, medicación y asistencia.

En este contexto, el veto presidencial no solo implica el rechazo a una herramienta de protección urgente, sino también una muestra de insensibilidad que agrava una situación crítica. Los ajustes en el área de discapacidad ya están teniendo consecuencias directas: terapias suspendidas, personas sin acompañamiento, familias desbordadas. La negativa del Estado a garantizar derechos básicos pone en riesgo vidas y profundiza la desigualdad.

Ajuste sin votos, veto sin diálogo

Paradójicamente, mientras anticipaba el veto a una ley aún en discusión, Francos expresó su entusiasmo por las próximas elecciones legislativas, en las que espera ampliar la bancada oficialista. “Es muy diferente tener un bloque de 30 y pico de diputados a uno de 90”, dijo. La estrategia parece clara: gobernar sin consenso, forzando el poder desde decretos y vetos, mientras se construye una mayoría parlamentaria que legitime el desmantelamiento del Estado.

El caso de la Ley de Emergencia en Discapacidad es especialmente simbólico. Muestra con crudeza que, bajo la doctrina Milei, la motosierra no discrimina entre gasto superfluo y derechos fundamentales. En nombre de la eficiencia fiscal, se desmantelan políticas esenciales, incluso cuando afectan a los sectores más frágiles de la sociedad.

¿Qué equilibrio fiscal ignora la emergencia social?

El equilibrio fiscal no puede ser una coartada para abandonar responsabilidades indelegables del Estado. Ni la economía ni la política pueden medirse solo en términos de superávit o déficit: también deben evaluarse por su capacidad de proteger y garantizar derechos. El veto anticipado a la Ley de Discapacidad no es solo un rechazo a una medida puntual, sino una declaración de principios que preocupa: en la Argentina de Milei, los números mandan y las personas quedan atrás.