Más deuda para sostener el programa económico: el Gobierno autoriza emisiones por más de $20 billones y US$3.500 millones
El Gobierno destaca el equilibrio fiscal como pilar de su política económica, la nueva toma de deuda expone las tensiones entre el discurso de austeridad y la necesidad concreta de financiamiento, en un escenario donde el costo de sostener el programa recae, una vez más, sobre compromisos futuros.
El Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva y amplia colocación de deuda pública al autorizar la emisión y ampliación de letras y un bono del Tesoro por un volumen que supera los $20 billones y los US$3.500 millones.
La decisión, formalizada mediante la Resolución Conjunta 6/2026 publicada en el Boletín Oficial, vuelve a poner en el centro del debate la estrategia oficial de financiamiento en un contexto de ajuste fiscal y fuerte contracción de la actividad económica.
La medida, firmada por las secretarías de Finanzas y de Hacienda, se encuadra en la Ley de Administración Financiera y en el Presupuesto 2026, y habilita operaciones correspondientes a una licitación por efectivo realizada el pasado 28 de enero. Aunque desde el Ejecutivo se insiste en la necesidad de “ordenar” las cuentas públicas, la magnitud de los instrumentos autorizados revela la dependencia creciente del endeudamiento de corto y mediano plazo para cubrir necesidades financieras.
El paquete incluye la emisión de letras del Tesoro capitalizables en pesos con vencimientos concentrados en 2026, algunas de ellas por montos de hasta $5 billones, así como instrumentos ajustados por CER que trasladan el riesgo inflacionario al propio Estado. A esto se suma la ampliación de una letra vinculada al dólar por hasta US$3.500 millones, una señal de cobertura frente a eventuales tensiones cambiarias en un esquema que busca sostener la estabilidad nominal.
Entre los instrumentos más relevantes se destacan letras en pesos con vencimientos en marzo y julio, una letra indexada por inflación con vencimiento a mitad de año y la ampliación de papeles atados al tipo de cambio y a la tasa TAMAR. Además, el Gobierno decidió ampliar un bono del Tesoro capitalizable con vencimiento en enero de 2027 por hasta $3,6 billones, reforzando el stock de deuda que deberá ser afrontado por la próxima administración o refinanciado en los mercados.
Desde una mirada crítica, el esquema refuerza un patrón de financiamiento basado en la acumulación de vencimientos y en instrumentos indexados, que si bien permiten captar fondos en el corto plazo, incrementan la vulnerabilidad fiscal ante cambios en la inflación, las tasas de interés o el tipo de cambio. Lejos de reducir la carga financiera, el programa parece consolidar una dinámica de rollover permanente, en la que el ajuste del gasto convive con una expansión significativa del endeudamiento.
