Baja la inflación, suben los combustibles: nueva actualización impositiva y presión sobre los precios
Aunque el Gobierno decidió moderar parcialmente el ajuste para no profundizar la presión inflacionaria, el inicio del mes encuentra nuevamente a los combustibles en alza, reforzando el debate sobre hasta qué punto la baja de la inflación convive con aumentos sostenidos en precios clave de la economía.
Mientras el Gobierno sostiene que la inflación mantiene una tendencia descendente, febrero comienza con un nuevo aumento en los combustibles, impulsado por la actualización de los impuestos nacionales.
A través del Decreto 74/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo formalizó una suba en el impuesto a los combustibles líquidos y en el gravamen al dióxido de carbono, una decisión que impactará directamente en los precios de la nafta y el gasoil durante todo el mes.
La medida se inscribe en el esquema de actualizaciones periódicas que el Ejecutivo reactivó el año pasado, con el objetivo de completar un cronograma impositivo pendiente desde 2024, que fue aplicado de manera gradual a lo largo de 2025. El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, y en sus considerandos el Gobierno argumenta que el ajuste apunta a consolidar un “sendero fiscal sostenible” que permita estimular el crecimiento económico.
Sin embargo, el aumento vuelve a exponer una tensión central de la política económica actual: mientras el discurso oficial destaca la desaceleración inflacionaria, los precios regulados —en particular los combustibles— continúan ajustándose de forma recurrente, con efectos indirectos sobre el transporte, la logística y los precios finales de bienes y servicios.
Según el decreto, las naftas tendrán un incremento de $16,773 por litro en concepto del impuesto a los combustibles líquidos, al que se suma una suba de $1,027 por el impuesto al dióxido de carbono. En el caso del gasoil, el aumento será de $14,372 por litro en el gravamen general, con una suba adicional de $7,782 en la alícuota diferencial que rige para regiones como la Patagonia, además de un incremento de $1,638 por litro en el impuesto ambiental.
Desde el Poder Ejecutivo explicaron que estos valores surgen de la fórmula de actualización basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, un mecanismo establecido por el Decreto 501/18 que prevé ajustes trimestrales. No obstante, el propio texto reconoce que desde 2018 distintas administraciones optaron por postergar o atenuar estas subas para evitar un impacto más directo en la inflación, una estrategia que en esta ocasión solo se extendió hasta febrero.
