La Justicia pone bajo la lupa al hermano de Adorni por presuntas irregularidades patrimoniales
La investigación judicial, además, vuelve a instalar interrogantes sobre los mecanismos de designación y ascenso dentro del aparato estatal, especialmente cuando involucran vínculos familiares con figuras de máxima exposición dentro del Gobierno.
La investigación judicial que involucra a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, abrió un nuevo foco de tensión política para el oficialismo.
El fiscal federal Guillermo Marijuán resolvió imputar al actual legislador provincial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en el marco de una causa que busca determinar si existieron inconsistencias entre sus ingresos declarados y el crecimiento de su patrimonio.
Según consignó la Agencia NA, el expediente se originó tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien puso en duda la evolución patrimonial del funcionario y reclamó que se investiguen movimientos financieros considerados incompatibles con sus ingresos conocidos.
La causa adquiere además una dimensión política por el recorrido de Francisco Adorni dentro del Estado. Su desembarco en cargos de relevancia ocurrió tras la llegada de su hermano al núcleo de poder del Gobierno nacional. Primero fue designado al frente de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y posteriormente asumió la conducción del Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares (IAF), organismo clave dentro de la estructura previsional castrense.
En ese contexto, la Justicia intenta establecer si existió una evolución patrimonial injustificada. Entre los puntos bajo análisis aparecen la compra de una camioneta Jeep Renegade realizada en noviembre de 2025 y la cancelación, en apenas un año, de un crédito hipotecario cercano a los 60 millones de pesos otorgado por el Banco Provincia.
Para avanzar en la pesquisa, Marijuán solicitó información a más de treinta organismos públicos y privados, además de pedir el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario. La medida apunta a reconstruir el flujo de ingresos, bienes y movimientos financieros del dirigente provincial.
El caso amenaza con profundizar el desgaste político sobre el entorno gubernamental en un momento en que el discurso oficial mantiene como eje central la austeridad, la transparencia y el combate contra los privilegios de la política.
