Más de 28.000 empresas cerraron desde la llegada de Javier Milei al gobierno

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), desde diciembre de 2023 dejaron de operar 28.262 empresas con al menos un trabajador registrado, una caída del 5,5% del entramado empresarial formal que vuelve a poner en debate el impacto del actual modelo económico sobre el sector privado.

La estabilización de las principales variables macroeconómicas que exhibe el Gobierno de Javier Milei convive con una realidad que expone profundas dificultades en la economía productiva.

Solo durante los primeros cuatro meses de 2026 desaparecieron 5.654 compañías, de las cuales 1.814 cerraron en abril. Además, casi el 70% de esas bajas se concentró entre marzo y abril, reflejando una aceleración del deterioro en un contexto de consumo deprimido, dificultades de financiamiento y una creciente tensión en la cadena de pagos.

El dato adquiere mayor relevancia si se considera que la mayoría de las empresas afectadas son pequeñas y medianas. Si bien desde el Gobierno se ha relativizado el impacto al señalar que los cierres corresponden principalmente a firmas de menor tamaño, especialistas advierten que esa lectura puede resultar engañosa. Desde Fundar explican que la clasificación por cantidad de empleados no necesariamente refleja el cierre definitivo de una empresa, sino que también puede modificarse por reducciones de personal. Sin embargo, los registros de la SRT confirman una disminución sostenida del número de empleadores registrados.

La contracción empresarial también tiene un fuerte correlato en el mercado laboral. En el mismo período se perdieron 341.396 puestos de trabajo registrados, afectando especialmente a un segmento que concentra cerca del 70% del empleo formal del país: las pymes.

Las dificultades financieras agravan el escenario. Según el CEO de Banco Galicia, Diego Rivas, la morosidad continúa aumentando entre las pequeñas y medianas empresas, a diferencia de lo que ocurre con los créditos destinados a personas físicas, donde los indicadores muestran cierta estabilidad. Esta situación refleja que muchas firmas enfrentan crecientes problemas para sostener su capital de trabajo y cumplir con sus compromisos financieros.

Diversos relevamientos también muestran un deterioro de la cadena de pagos. Una encuesta del Observatorio Pyme indica que seis de cada diez empresas consideran que los retrasos en los cobros son hoy uno de sus principales problemas, mientras que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) alertó sobre la generalización de incumplimientos y extensiones unilaterales en los plazos de pago por parte de clientes.

Frente a este panorama, las entidades empresarias reclaman medidas específicas para evitar un mayor deterioro del sector. Entre los pedidos figuran la suspensión de embargos fiscales, la reducción de multas y la implementación de planes de regularización impositiva más flexibles. Hasta el momento, sostienen que no hubo respuestas concretas por parte del Ejecutivo.

El contraste entre la mejora de algunos indicadores macroeconómicos y el retroceso del entramado productivo plantea uno de los principales desafíos de la actual gestión. Mientras el Gobierno prioriza el equilibrio fiscal y la desaceleración inflacionaria, cámaras empresariales y analistas advierten que la recuperación difícilmente pueda consolidarse si continúa debilitándose el sector que genera la mayor parte del empleo privado formal. La evolución de las próximas cifras permitirá evaluar si la estabilización económica logra traducirse en una recuperación de la actividad o si el costo sobre el aparato productivo seguirá profundizándose.