La teoría de la “conspiración” como escudo político: Francos señala a la oposición y a exaliados
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reactivó la teoría de una “conspiración” para “voltear al Gobierno”, una narrativa que se ha vuelto recurrente en el discurso oficial.
Sus declaraciones, que apuntan a la oposición y, de manera particular, a exmiembros de su propio espacio político, como las diputadas Marcela Pagano y Lourdes Arrieta, evidencian una estrategia del Gobierno para desacreditar críticas y denuncias, enmarcándolas en un intento de desestabilización institucional.
La respuesta de Francos se produce tras ser señalado por Pagano y Arrieta como el supuesto responsable de la filtración de audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Ante estas acusaciones, el jefe de Gabinete no solo negó su participación, sino que contraatacó de forma contundente, calificando a Pagano como una “comentarista televisiva” y a Arrieta como una “ignota” diputada, a quien vinculó con los “patitos en la cabeza”.
Este tipo de descalificaciones personales, lejos de ser un hecho aislado, se han convertido en un patrón en la comunicación gubernamental, buscando deslegitimar a los actores que cuestionan al oficialismo.
La narrativa de la conspiración se refuerza al vincular la filtración de los audios con el tratamiento de la Ley de Discapacidad y con la proximidad de las elecciones legislativas, sugiriendo una operación mediática orquestada para generar inestabilidad.
Al señalar a “personajes que integraron la LLA”, Francos exhibe una profunda fractura dentro del propio oficialismo, trasladando la responsabilidad de la crisis a sus exaliados, en lugar de abordar las causas internas de la misma.
La insistencia en la teoría de la conspiración, lejos de ser un simple arrebato, parece ser una herramienta política estratégica. Al presentar cualquier crítica o denuncia como parte de un complot para “voltear al Gobierno”, el oficialismo desvía el foco de atención de sus propias contradicciones y dificultades de gestión.
Esta táctica, que ha demostrado ser efectiva para movilizar a su base de apoyo, también refleja una creciente tensión interna y la dificultad de la coalición gobernante para gestionar las diferencias sin recurrir al uso de una retórica confrontacional y polarizadora.
La denuncia formal que el Gobierno ha presentado busca institucionalizar este conflicto, trasladándolo al ámbito judicial, en un intento de legitimar su versión de los hechos.
