La secretaría de Energía anunció aumento controlado en tarifas de luz: no superará el 10% este año

La Secretaría de Energía ha confirmado que, a partir del 1 de abril, los aumentos anuales en las tarifas de luz para los usuarios finales no superarán el 10%.

Esta decisión se toma en un contexto en el que las tarifas habían registrado un incremento del 117,8% durante el 2024, en el marco del proceso de «normalización» del sector energético.

Con un enfoque claro en las políticas económicas destinadas a contener la inflación en un año electoral, el Gobierno busca evitar que los aumentos tarifarios excedan este porcentaje. Durante el primer trimestre de 2025, se anticipa que se continuarán realizando ajustes tarifarios mensuales. El ministro de Economía, Luis Caputo, subraya la importancia de mantener los precios regulados de energía, transporte y agua como herramientas clave para desacelerar la inflación. En enero, los ajustes aplicados oscilaron entre el 1,6% y el 1,8%.

Además, se ha confirmado un nuevo aumento en las tarifas de agua, que tendrá un tope del 1% en febrero, marcando así el segundo incremento consecutivo en este servicio.

Según un reciente informe de tarifas y subsidios elaborado por UBA-Conicet, la canasta de servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) representa un costo mensual de $144.775. Dentro de esta canasta, el gasto en energía eléctrica y transporte ocupa una porción significativa, con $41.726 por mes dedicados a la tarifa eléctrica y $56.228 en gastos de transporte.

El informe también revela que la canasta de servicios aumentó un 3% en enero, ligeramente por encima de las proyecciones de inflación para ese mes, siendo el aumento en los gastos de energía eléctrica y agua los principales factores detrás de este incremento. Actualmente, esta canasta representa el 11,7% del salario promedio registrado en la región. Es importante señalar que, en el AMBA, los hogares de diferentes niveles de ingresos pagan tarifas que, en promedio, cubren el 53% de los costos, mientras que el Estado asume el 47% restante.